esde Podemos Ahal Dugu, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre hemos puesto en marcha una campaña con el objetivo de mandar un mensaje a nuestra comunidad: promover el empadronamiento activo es beneficioso para las personas, para los ayuntamientos y para nuestra sociedad.

Vivimos en un mundo globalizado y aquejado de situaciones conflictivas de todo tipo en tantísimos lugares. Las guerras y conflictos armados, sequías y crisis climáticas, grandes proyectos que ocupan territorios de poblaciones obligadas a desplazarse, persecuciones por razones económicas, políticas, por racismo o por discriminación sexual son sólo algunas de las causas que obligan a las personas a migrar, buscando un lugar donde desarrollar su proyecto vital de forma segura y estable.

Cada persona que llega a un determinado municipio, por la circunstancia que sea, tiene tanto el derecho como la obligación de empadronarse en dicho municipio. Es la condición necesaria para ser reconocida a nivel administrativo, o dicho de otro modo, para ser a nivel social, personal y de futuro.

El empadronamiento nos demuestra que somos, que existimos y es un derecho que solo se garantiza si los ayuntamientos cumplen con su obligación legal de empadronar a toda persona que lo solicita. Y deben hacerlo incluso en los casos en los que la persona solicitante no pueda aportar la dirección de un domicilio, porque no lo tiene o porque no lo puede justificar. Existe una resolución del Instituto Nacional de Estadística de febrero de 2020 que ratifica una anterior de 2015, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal y que resuelven las dudas y malas prácticas que pueden existir en algunos ayuntamientos y al mismo tiempo garantiza el derecho de toda persona residente en un municipio a su inscripción en el padrón.

En estos casos, en que las personas más vulnerables no tienen o no pueden acreditar una dirección, son los servicios sociales municipales quienes tienen la obligación de acoger a estas personas, atenderlas y ofrecerles una dirección, incluso administrativa, donde empadronarse, para poder empezar a existir, poder estudiar o solicitar atención sanitaria, acceder a un empleo, una vivienda de alquiler, una prestación social o tantas otras cuestiones del día a día, para alguna de las cuales se requiere además cierto tiempo de empadronamiento.

El empadronamiento debe realizarse de forma inmediata, en cuanto se solicita y no se deben poner impedimentos ni dificultades, como solicitar papeles, permiso de residencia o contrato de empleo, que no son en ningún caso exigibles para tramitar el empadronamiento.

Hay otras instancias municipales que es necesario activar, formar y orientar para que puedan coordinarse eficazmente entre sí y con las personas que llegan a nuestros municipios y desean desarrollar aquí su proyecto vital. Estamos hablando de los servicios de información municipal, de la oficina de empadronamiento, de la Policía Municipal, de la oficina de vivienda, de las escuelas infantiles, de los servicios de interpretación y traducción a las distintas lenguas para facilitar la atención a personas que hablan otros idiomas, de la necesaria coordinación con las entidades sociales de atención a inmigrantes, refugiados y personas en situación vulnerable.

Los ayuntamientos no solo están obligados a empadronar a toda persona que reside en su término municipal, sino que les interesa hacerlo porque deben prestar múltiples servicios públicos acordes con el número de habitantes que tienen y reciben financiación de forma proporcional a dicho número para garantizar una mínima calidad en dichos servicios.

Las personas sin residencia definitiva que habitan en nuestros municipios deben renovar el empadronamiento cada dos años, según la normativa vigente, cuestión que muchas de esas personas no conocen. Por eso debemos promover como parte del empadronamiento activo y las buenas prácticas de nuestros ayuntamientos el aviso de renovación del empadronamiento cada dos años a todas las personas sin residencia permanente, para evitar que pierdan prestaciones y derechos. No se puede dar de baja a una persona que manifiesta querer seguir residiendo en el municipio.

El empadronamiento activo de todas las personas que residen en nuestros municipios es una obligación legal de los ayuntamientos y es también el mínimo exigible para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria con quienes se han sentido en la obligación de dejar sus lugares de origen y buscan desarrollarse de forma digna.

Por eso decimos: con el padrón, ganamos todas y todos. Porque contigo crecemos y hacemos comunidad.

Firman este artículo: Fatima Djara, responsable de Migraciones de Podemos Ahal Dugu Navarra; Carlos Guzmán Pérez, coordinador general de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua y Olga Risuelo Molina, portavoz de Batzarre