Blindar a los torturadores

Según datos del Defensor del Pueblo español, entre 2010 y 2020 han sido condenados por un delito de torturas recogido en el artículo 174 del Código Penal un total de 52 policías y guardias civiles. Ahora bien, dentro de este mismo periodo, entre 2010 y 2013 fueron exonerados de manera parcial de las penas impuestas nada menos que 43 por delitos de torturas, contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal o coacciones.La enorme relevancia de estos datos la entendemos si nos damos cuenta de que las cifras negras de personas torturadas son muchísimo más altas e incalculables, dado que las policías tienen dilatada experiencia y sofisticadas técnicas para ocultarla. También porque se mantiene el miedo a denunciar las agresiones sufridas ante la posibilidad de ser objeto de contradenuncias (por atentado, resistencia...) o de sanciones administrativas, ahora consagradas en la nueva Ley de Seguridad en trámite, que será un instrumento útil para brindar a los torturadores. Además, la más que compresible desconfianza en los Tribunales de Justicia de cara a que prosperen las denuncias, así como la sistemática criminalización de quienes denuncian la violencia policial, posibilitan que se pueda dar en condiciones de impunidad.Existen otros factores que sustentan la invisibilidad y la impunidad y, sobre todo, que legitiman y hacen necesaria para el estado su reproducción. Sin duda sigue operando como un mecanismo de control político hacia determinadas formas de disidencia y movilización, actuando como un dispositivo de terror permanente y generalizado hacia quienes protestan. Pero quizás lo que más contribuye a facilitar su persistencia es el discurso mediático construido para fabricar una opinión pública que la justifica, debido a la supuesta necesidad de garantizar el bien común de nosotros, los buenos ciudadanos, frente a los malos, al enemigo construido: migrantes ilegales, disidentes políticos, manifestantes díscolos, presos peligrosos, okupas, etcétera.