Que una ministra tan poco sospechosa de portar la bandera de la máxima democracia en lo que son la política y las instituciones del Estado como Margarita Robles pida en público “a Lesmes y al Consejo del Poder Judicial que cumplan con la ley, les guste o no”, dice todo del nivel de desastre de lo que está ocurriendo en el máximo órgano de los jueces. Que ocho juristas conservadores, próximos y afines al PP, se hayan conjurado para seguir bloqueando la renovación de dos magistrados del Tribunal y del propio Consejo del Poder Judicial incumpliendo la ley y la propia Constitución es, además de inaceptable inaudito. Un golpe a la legitimidad democrática de las urnas de la que emanan sus cargos y a la Constitución. He escrito varias veces ya que recuperar la credibilidad de la justicia es uno de los deberes más urgentes de la democracia española. No me refiero tanto a los jueces ordinarios que trabajan en los tribunales locales casi siempre con escasez de recursos humanos y materiales, como a los órganos de control del propio poder judicial y a los altos tribunales de justicia. No es una cuestión únicamente política o periodística, la credibilidad de esos órganos judiciales está en duda en la propia sociedad. Desde 2018, cada año la apertura de eso que se llama Año Judicial se convierte en un show político que oculta las graves carencias y déficits que atraviesa la justicia en el Estado español. Tanto en sus altos tribunales, con una progresiva politización de sus miembros que ha derivado en una creciente pérdida de imparcialidad, independencia y credibilidad social y la judicialización de la política como estrategia partidista, como en los tribunales ordinarios, donde la permanente falta de recursos humanos, tecnológicos y materiales conlleva una eternización de los procesos judiciales en perjuicio de las garantías procesales de los ciudadanos. Todo se deteriora más con esa utilización política y partidista de los principales órganos de la administración de justicia. Por cierto, otra excepción en el entramado judicial de las principales democracias europeas. No es una cuestión jurídica, sino política en el que jueces, se supone que de prestigio e imparcialidad contrastadas, dan cobertura a la estrategia del PP de negarse a negociar la renovación de los jueces que han cumplido ya su mandato constitucional. El PP de Feijóo, como el Casado antes, no quiere abordar la elección del Poder Judicial porque su situación de minoría en el actual Congreso, fruto de la legitimidad democrática de las urnas, le impedirá seguir controlando la mayoría en ese órgano y el control de los nombramientos en los altos tribunales, desde el Supremo al Constitucional y otros tribunales superiores autonómicos. El control de la justicia es también para el PP un escudo fiable ante los nubarrones judiciales que le siguen persiguiendo. En esa encrucijada temerosa, la democracia y los principios constitucionales de una justicia independiente, democrática y garantista quedan para otro día perdidas hace ya tiempo las mínimas formas en el respeto a las reglas de juego político democrático y las bases de la separación de poderes de cualquier sistema parlamentario digno. Cuanto menos independientes y menos separados estén el Gobierno, la Política y la Justicia y también los medios, más controlado y uniforme será todo y la democracia será menos cada vez.