La unanimidad política es siempre una cuestión excepcional en el debate parlamentario. Tiene lógica y por eso las excepciones suelen marcar la importancia de la unanimidad. En este caso, ha sido el informe del Foro Social que denuncia y pide terminar con la discriminación que sufren las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por parte de los aparatos y estructuras del Estado lo que posibilitó el miércoles la coincidencia de todos los grupos parlamentarios de la Cámara foral. Es una posición política importante y un nuevo paso en el camino recorrido en la defensa del derecho de todas las víctimas de todas las violencias a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación en Navarra durante los últimos años. Debe exigirse al Estado que asuma las consecuencias humanas derivadas de las líneas rojas antidemocráticas cruzadas, porque también en el terrorismo de Estado y la guerra sucia el reconocimiento de sus víctimas es una obligación ética y democrática. El informe del Foro Social pide poner fin a la diferenciación asimétrica entre víctimas de primera y víctimas de segunda, una estrategia política e institucional para seguir encubriendo y ocultando desde el no reconocimiento que hay víctimas de otras violencias injustas más allá de ETA y que en muchos de los casos que han sufrido esas otras víctimas existe una responsabilidad directa del Estado, que además de violar sus derechos civiles y humanos incumplió con su deber de protección como ciudadanos. Las primeras con derecho a reconocimiento, memoria y reparación y las segundas, sin derecho alguno. Otra vez la política de la exclusión. Es inhumana esa división entre víctimas, porque el necesario y legítimo reconocimiento social, político y económico y el derecho a la verdad, la justicia y la memoria alcanza a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahora, el Parlamento de Navarra confirma así el compromiso de la inmensa mayoría de la sociedad y de la política navarras con la búsqueda de un acuerdo político y humanista de rechazo y condena de la violencia, de solidaridad con las víctimas, de reparación del daño causado y de avance hacia un consenso ético. Se trata de eso, de buscar un acuerdo honesto en el que la verdad y la memoria justa se impongan al odio y a la utilización política y electoral de unas u otras víctimas que marque en el futuro conceptos democráticos como justicia, memoria, dignidad, reparación y reconocimiento. Y al igual que con la memoria histórica de la represión y el genocidio del franquismo, Navarra es pionera en intentar avanzar también en la necesidad de terminar con la discriminación política, las trabas legales, los vetos policiales y los bloqueos judiciales que sufren las víctimas del Estado. Esta unanimidad parlamentaria señaló una idea importante: todos somos parte de la convivencia. Pero la unanimidad se disipó en ese mismo Parlamento al día siguiente, ayer jueves, por la nueva Ley de Memoria Democrática que, como el proyecto de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, mantienen la discriminació de buena parte de las víctimas del Estado. El camino de la convivencia es largo.