Cuidar a quienes cuidan no puede ser solo un lema de moda. Porque es la bisagra sobre la que debería girar el mundo. Sin embargo, el ayuntamiento del Valle de Egüés, regido por Amaya Larraya, de Navarra Suma, lleva meses descuidando a quienes cuidan.
Verán, la empresa pública Andacelay, propiedad del ayuntamiento, es la gestora del Centro de Atención a Familias (CAF), algo así como un gran banco de cuidados destinados a familias que lo necesiten: ludoguardería, espacios de ocio, tiempos de respiro familiar, medición familiar, incluso un banco de tiempo, entre otros. Un lujo de servicio público, en marcha desde hace once años atendido por 18 profesionales de la intervención social, la mayoría mujeres.
Y qué pasa: que desde hace 18 meses el equipo de gobierno del ayuntamiento de Egüés lleva mareando la perdiz y eludiendo la responsabilidad de aplicar el Convenio de Intervención Social, marco laboral por el que se rigen esas profesionales. ¿ Y por qué no lo hace? No sabe no contesta. El resultado es que esas profesionales están perdiendo entre un 18% y un 30% de salario. Llevan tiempo protestando sí, pero como si nada. Quizá porque son mujeres, precarizadas e invisibilizadas. Y eso es como vivir en el punto ciego del poder.
El jueves pasado, la oposición presentó una moción escrita por estas profesionales. Todos los grupos políticos apoyaron esta moción, salvo Navarra Suma y la alcaldesa, que se emboscó en un galimatías jurídico que ni ella misma comprendía.
En la página del ayuntamiento, la alcaldesa afirma que tiene el “compromiso serio y decidido de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este municipio”. Imagino que estas profesionales serán parte del enunciado. Porque si pasas de ellas, por pura desidia, porque su trabajo ni te va ni te importa o porque ya total para lo que queda, la dimisión sería la salida de emergencia más honrosa.
