Los magistrados reaccionarios próximos al PP atrincherados en el Tribunal Constitucional han llevado a las instituciones democráticas del Estado, con su decisión de impedir la votación en el Senado de la reforma legal para desbloquear su renovación –tras cuatro años de subterfugios políticos y jurídicos para impedirlo–, al peor de los escenarios posibles. No sólo porque la intervención contra los principios democráticos que sostienen la separación de poderes deja en el aire la libre voluntad democrática de los ciudadanos expresada en las urnas y representada en el Congreso y el Senado. Sino porque todo se ha llevado a cabo de una forma chusca, grosera e ilegítima. Los seis magistrados conservadores rechazaron la recusación de dos de ellos con su mandato ya caducado y que, por tanto, ocupan sus sillones de forma inconstitucional. Y lo hicieron permitiendo, además, que los dos jueces recusados participasen en la votación sobre su propia recusación en otro hecho inédito que dejó en evidencia un modo de actuar sin atisbo alguno de imparcialidad. Más aún cuando ambos magistrados se veían directamente afectados por la reforma legislativa aprobada la pasada semana por una amplía mayoría legítima en el Congreso, ya que su ratificación en el Senado suponía su abandono inmediato de sus puestos en el Constitucional por estar su presencia allí ya fuera de tiempo y lugar. Difícilmente iban a votar en contra de sus propios intereses personales, ideológicos y económicos, esto es el abandono del sillón constitucional, sus jugosos salarios y el resto de prebendas de todo tipo que conllevan esos cargos. Su no inhibición en un caso que les afectaba directamente es un escándalo. Una actuación que no se sostiene ni constitucional ni jurídicamente que contradice la propia doctrina jurídica de ese mismo tribunal. Sólo espero, sé que inútilmente, que tal ejercicio de desfachatez les acabe llevando al banquillo de una justicia garantista y democrática propia de un Estado de Derecho. Un esperpento más consecuencia del asalto político a la justicia que comenzó con el Plan Ibarretxe, siguió con el todo vale contra ETA, continuó con el ¡A por ellos! en Cataluña y ha derivado en estos lodos. La decisión de impedir con carácter previo la votación y aprobación es un pronunciamiento judicial que anula la presunción de constitucionalidad de todas las leyes que se aprueban en el Congreso. Un hecho excepcional e inaceptable desde cualquier consideración democrática. Ha sido un compendio concentrado de la decadencia de la democracia liberal española. Esto es, una democracia en estado de deconstrucción y un liberalismo que no es tal, sino un sistema de mangoneo y corrupción, en el que la ética y el conocimiento se desprecian mientras se valora la desvergüenza y la impunidad contra más chabacana y grande, mejor. Quienes esgrimen la Constitución, que ya nació encorsetada por el chantaje del franquismo, han sido quienes han ido eliminando sus garantías sociales, laborales, políticas y territoriales. Y son los mismos que han ido devaluando la calidad de la democracia diluyendo la separación de poderes. Se politizó la justicia para poder judicializar la política si las urnas no resultan satisfactorias. La independencia y autonomía de las instituciones del poder judicial ha quedado en evidencia. ¿Y ahora qué? Ni idea. Pero da más miedo lo que insinúan que lo que perpetran.