El Partido Carlista-EKA denunció el martes en el Parlamento de Navarra la implicación de lo aparatos del Estado, con Juan Carlos de Borbón al frente, en los hechos de Montejurra de 1976 en los que terroristas de derechas asesinaron a dos militantes carlistas antifranquistas, Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero e hirieron a otras 40 personas en los caminos y laderas de la emblemática montaña de Estella-Lizarra. Con la nueva documentación hecha pública la pasada semana por DIARIO DE NOTICIAS y otros dos medios, el Partido Carlista quiere reabrir un caso e investigar unos hechos organizados desde el Gobierno franquista de Arias Navarro con los entonces ministros Fraga y Martín Villa o el general Ángel Campano, entonces director de la Guardia Civil, como brazos políticos ejecutores. Un reivindicación más de exigencia de memoria histórica que trata de poner sobre la mesa de la opinión pública de Navarra todo el peso del único precio político pagado hasta ahora en este país por la paz: el precio del olvido de los crímenes del franquismo y del tardofranquismo en la transición. El precio del olvido de la justicia de quienes desde las últimas trincheras de un régimen en descomposición aprovecharon sus reductos de poder (policial, militar, económico y político) para organizar esta y otras matanzas y garantizarse la impunidad en la democracia. La denominada Operación Resistencia, a cuyo frente se colocó como el más tonto de los inútiles a un tal Sixto de Borbón, fue uno más de los muchos actos de violencia y guerra sucia del Estado que se produjeron en los años de la denominada Transición. Hace dos años las a consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el director de Paz y Convivencia, Martín Zabalza, presentaron el informe que el Gobierno de Navarra encargó al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre la situación de las víctimas de grupos de extrema derecha en la Comunidad Foral durante Transición. Otro paso para avanzar en la falsa e injusta discriminación entre víctimas de primera y víctimas de segunda y de la memoria histórica en el ámbito de las violencias que han asolado esta tierra durante las últimas décadas. Entre 1975 y 1985, grupos de extrema derecha cometieron al menos 33 atentados en Navarra o contra ciudadanos navarros fuera de territorio foral. En total, 3 personas asesinadas, una persona desaparecida y 21 acciones con daños materiales. No son todos. El estudio aún no comprende la totalidad de los actos de violencia ultra o parapolicial ocurridos en esa época en Navarra. Ni tampoco otras violaciones de derechos humanos, civiles y políticos democráticos posteriores. Ahí están la negativa seis años después de la petición a reabrir el caso de los Sanfermines del 78 o las reticencias políticas a derogar la Ley de Secretos Oficiales heredada del franquismo. Un espacio más de impunidad. Nadie ha perdido perdón, pero la Transición también fue un periodo oscuro y duro en el que el terrorismo derechista o las actuaciones para policiales dejaron 2.663 víctimas en el Estado entre muertos y heridos, la mayoría olvidadas. Ahora, de nuevo, casi 47 años después, en Montejurra-Urramendi, la memoria trata de imponerse al olvido.