Escribía Javier Vizcaíno aquí al lado que le gustaría saber qué pienso sobre la ley del aborto, trece años después de plasmar mi firma en el recurso que se presentó ante el Tribunal Constitucional, y que acaba de ser rechazado. Con gusto lo comento. Cuando se habla de este asunto parece que hay que poner por delante apreciaciones de orden moral, incluso las que llegan desde la creencia religiosa. No es así, aunque uno de los deportes favoritos de la progrez sea trazar este tipo de descalificaciones de trazo grueso, como si tener fe fuera propio de tarados. Cuando se trata de establecer un determinado orden legal, como es función de la política, lo que hay que hacer es objetivar lo que ocurre para poder elaborar soluciones caso de existir un problema. La ley de 2010 cambió de sopetón un modelo de aborto despenalizado según determinados supuestos -en el que estaba instalado un amplio consenso social- por uno de plazos, haciendo el aborto libre antes de la semana 14 de gestación.
El sistema anterior, elaborado en los tiempos de Felipe González, aunque estaba construido bajo principios que me siguen pareciendo los más adecuados, acabó degenerando. La introducción del llamado supuesto social, según el cual una mujer que dijera que iba a tener problemas para llevar a cabo la crianza de un niño ya era acreedora de la posibilidad de abortar, produjo un evidente efecto coladero. El resultado es el que está en las estadísticas: entre 2005 y 2010, se produjeron de media algo más de 100.000 abortos al año en España.
En 2005, los nacidos fueron 466.371, lo que quiere decir que se abortaron más de uno de cada cinco concebidos, y sin contar con los embriones que se hicieron inviables mediante el uso de la llamada píldora del día después. Así siguió ocurriendo en los años posteriores, hasta hoy mismo. Cuando en 2010 se instauró el modelo de plazos, se dijo que la ley serviría para que abortar fuera un acto más responsable, e incluso que se reduciría su incidencia. Lo que se ha visto es que la cifra sigue siendo la misma, entre 90.000 y 100.00 al año. De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad para 2021, de los 90.189 abortos de ese años, para 58.937 mujeres era el primero, para 20.643 el segundo, para 6.674 el tercero, para 2.328 el cuarto, para 884 el quinto, y para 723 el sexto o más. En el mismo periodo, y con cifras de la misma fuente oficial, en 38.906 casos no se habían utilizado anticonceptivos, y en un número equivalente se habían usado mal.
Sarcásticamente, la ley de 2010 se denomina “de salud sexual y reproductiva”, pero no parece que haya servido para mejorar la educación sexual. Creo que estamos ante un hecho objetivo que es incontestable: el aborto se sigue tomando como un medio anticonceptivo más, y esto es algo que, aunque sea exclusivamente desde un punto de vista sanitario, nos debiera escandalizar. Nuestra sociedad responde con amplitud ante fenómenos que es capaz de identificar como amenazantes. Pero abortar, que es en sí una experiencia traumática para la mujer, en lo fisiológico y en lo psicológico, parece que es aceptable que equivalga a ponerse o no un condón. Añado al análisis un par de asuntos más. Solo el 15,5 % de los abortos en España tienen lugar en centros sanitarios públicos. El otro 85,5 %, se hace en instalaciones privadas, y tampoco parece molestar a la progrez la instauración de este negocio y su eventual capacidad para autoperpetuarse. Además, la ley de 2010 limitaba la información que se le debía facilitar a la madre gestante, algo que no se entiende en la época de la transparencia y los derechos de autonomía del paciente. Un añadido político: la ley de 2010, en la época final de Zapatero, con las aguerridas Leire Pajín y Bibiana Aído como promotoras, surge cuando avanzaba la pavorosa crisis económica de 2008. A ese gobierno incapaz se le ocurrió promoverla como una suerte de distracción, lo que se llamó “recuperar la agenda social”. No estaba el programa electoral del PSOE, sino que se tomó como mera oportunidad para derivar la atención política del personal ante la crudeza de lo que estaba pasando. La “factoría Moncloa” rompió un consenso social porque creyó que le venía bien.
Sigo pensando que una ley de plazos es esencialmente una ley machista, porque bajo su supuesta libertad asume que la mujer es la única que debe dar respuesta a una situación que tiene su origen también en el comportamiento de un hombre. Quisiera que alguien rebatiera con datos si me equivoco cuando digo que el aborto se usa hoy como un método anticonceptivo más, y si esto no es un problema de enorme magnitud. La conclusión, apreciado Javier, es que estoy hoy más convencido que hace trece años de que este tema merecería otra respuesta.
