El periodista Pablo González cumple un año encarcelado en Polonia, en situación de prisión preventiva, acusado de espionaje para Rusia mientras hacía su trabajo como periodistas en la frontera con Ucrania tras la invasión rusa, delito que se castiga allí con penas de hasta 10 años de cárcel. Por supuesto, nadie ha visto ni una sola prueba de esas acusaciones después de un año de un proceso plagado de irregularidades y prórrogas de su situación una y otra vez sin que la Fiscalía polaca haya aportada nada que lo justifique. No sólo eso, ahora trata de alargar esa situación con medidas dilatorias del procedimiento judicial antes que con la presentación de pruebas.

Toca de nuevo escribir hoy de Pablo González, porque el silencio, la inacción y la poca atención de las autoridades españolas en el caso de Pablo González es democráticamente inaceptable. Solo el cónsul de la embajada española en Kiev se ha preocupado humanamente por él en este tiempo. Como lo es el silencio y la escasa solidaridad de los que han hecho gala la mayor parte de las asociaciones de periodistas del Estado español. O el de los líderes políticos de la UE, empezando por Borrell. El mismo ejercicio entre cobarde e inútil del avestruz que entierra la cabeza. Al menos, tanto asociaciones y ONGs como Amnistía Internacional o Reporteros sin fronteras, compañeros periodistas y algunas voces políticas y declaraciones institucionales han vuelto a reclamar ahora a Polonia su puesta en libertad.

Polonia no ha respetado ni uno solo de los derechos que le asisten como profesional de la información ni como ciudadano europeo y ciudadano español, ciudadanía que le reconocieron públicamente el presidente Sánchez y el ministro Albares. Se ha vulnerado la legislación europea de protección de derechos humanos y civiles de Pablo González y también todas las obligaciones garantistas del sistema judicial europeo. Un año después el silencio sigue imponiéndose sobre la situación de Pablo González. Una detención aún sin justificación que aplica una norma excepcional como es la prisión preventiva como una norma sine die. Aislado y sin poder mantener contacto con su familia –su mujer solo le ha podido visitar en una ocasión en todo este largo año de prisión–, ni siquiera de forma normalizada con su abogado de confianza. Y ni a éste ni tampoco a sus abogados en Polonia –un coste que asumen con ayuda de una campaña pública de apoyo económico impulsada por amigos, vecinos, familiares y compañeros–, se les han permitido acceder a toda documentación de la causa, con lo que su situación de indefensión se mantiene.

Pablo González está 23 horas al día en su celda, cuando la abandona lo hace esposado, solo le permite ducharse una vez a la semana y sus condiciones de vida son inhumanas. Se pinte como se pinte, es un escándalo de violación de los derechos civiles democráticos en un país de la misma Unión Europea. Incluso lo debe ser para quienes airean dudas sobre su inocencia. La libertad, el derecho a la defensa y un proceso judicial con garantías para el periodista Pablo González son exigencias democráticas mínimas e irrenunciables. Lo contrario es otra vez más una puerta abierta a que tras él sean atropellados miles. Otros periodistas o a los que les toque después. No sería la primera vez.