Coincidí con Ana Urchueguia en el Senado, V Legislatura. Digo que coincidí porque no creo que llegáramos a cruzar palabra. La entonces alcaldesa de Lasarte había conseguido su escaño por Guipúzcoa igual que yo lo tenía por Navarra. Se le veía entrar en medio de la sesión junto a Gemma Zabaleta, como apresuradas, con carpetas bajo el brazo. Pastoreaba el grupo de los socialistas vascos Javier Rojo, y no muy lejos andaba Pepiño Blanco, que entonces parecía el asistente que hacía las fotocopias de su grupo parlamentario, servil por doquier, pero que ya vemos lo lejos que llegó. Urchueguia y Zabaleta, como clones, iban de heroicas frente al terrorismo. Maldita fue la amenaza que sufrieron, igual que la que nos endosaron a otros, pero, a ver cómo lo digo, de ahí pasaron a representar un papel que tenía mucho de compostura y pose. Parecía que se debía hacer el silencio a su paso, parecía que cualquier cosa que dijeran -aunque hablar, hablaban poco- debía ser reverenciada. Parecía que atufaban una superioridad intrínseca por el hecho de estar viviendo en Lasarte-Oria o Donosti en los tiempos del terrorismo, y que llevarlas a Madrid era la exhibición de todo lo aguerrido que puede ser el servicio público. Ya se ha visto hasta qué punto.

De todo aquello hace ya cerca de treinta años. Leyendo estos días como la socialista Urchueguia se ha declarado delincuente, pensaba que todo debió comenzar en esa época. Lo que sugiere una primera reflexión: vaya mierda de administración de justicia tenemos. La que pasó por el Senado como si fuera la virgen aparecida en una cueva, es la misma que tres décadas después ha firmado un documento en el que admite que cometió entre 2000 y 2009 delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, a través de fondos municipales destinados a proyectos de cooperación en Somoto (Nicaragua). El final jurídico de esta historia alude a 81 expedientes “al margen y prescindiendo del procedimiento legal” de concesión de subvenciones y a 39 casos de “desviaciones”, es decir, de dineros que por millones acabaron en otro destino del originalmente anunciado. Lo ocurrido, mucho más allá de en qué se ha traducido como tal estafa al contribuyente, es también una estafa de tipo político. La Urchueguia senadora era, por definición, legisladora, porque la función esencial del parlamentario en Cortes es esa, la de hacer leyes, que una semana tras otra se han de sancionar en las votaciones. El martes, se enfatizaba desde la tribuna hasta el valor marginal de cualquier proyecto legislativo, y el jueves, a la vuelta a Lasarte-Oria, la senadora se transmutaba en prevaricadora, sacando el dinero del municipio con el mero poder de los decretos de alcaldía, y llevándolos a unas organizaciones intermedias que ni siquiera tenían personalidad jurídica. Imagino que a los lasarteoriatarras les tendría ensimismados hablándoles de la gran labor social que se hacía en Somoto, y lo bueno que podría ser sacarles de la pobreza. El cuadro comienza a tener perspectiva con todos sus elementos: la prepotencia y la demagogia juntas para cimentar el delito, las mayorías absolutas como salvoconductos, y la cobertura incondicional del Partido Socialista de Euskadi, ese López, por coraza. Estos días, cuando se han publicado informaciones que cuentan buena parte de la historia, se han podido ver los vídeos de aquella Urchueguia hablando a la población de su cortijo nicaragüense. Es lo más parecido que se puede encontrar a las bravatas de Revilla el de las anchoas, una absoluta falta de decoro expresivo enhebrado con ese tonito entre agresivo y autosuficiente de los políticos sinvergüenzas.

A Urchueguia le han saldado sus casi diez años de malversación y los varios millones expoliados con una pena simbólica de 18 años de inhabilitación (inútil como tal sanción, ya está retirada de la política) y a una simbólica multa de 2.160 euros. Eso es todo, por obra y gracia de la reforma de la malversación promulgada por el Gobierno de Sánchez, que hace beneficio directo a esta señora que hasta hace justo dos días seguía militando en el PSE. Para hacerle este precio de amigo, además del descaro de la aplicación de la rebaja penal, se ha tenido que extender un tupido velo sobre el más que indiciario enriquecimiento que doña Ana tuvo, y no ver las tierras que se dijo habían pasado a ser su propiedad. Este caso, ejemplo de tantas cosas. l