La imprescindible sensibilidad hacia los asuntos que conllevan iniciativas de memoria y restauración no deben entender de momentos electorales y, en ese sentido, el anuncio del inicio de exhumaciones de restos de combatientes trasladados al monumento franquista del Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, es una buena noticia con independencia de que se haga pública por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en plena precampaña del 23-J.

Hay varios elementos a valorar al respecto antes de tachar de meramente electoralista el anuncio, como ha hecho ya el Partido Popular. En primer lugar, resulta lícito que, en un debate ideológico en el que ha sido la derecha española la que ha puesto sobre la mesa como activo electoral su pretensión de derogar la Ley de Memoria que ampara las actuaciones de reparación de las víctimas del franquismo, este asunto se visibilice ante la opinión pública. No es de recibo convertir el parte de la agenda electoral y el discurso de Núñez Feijóo el desmontaje del entramado legal que respondió a un consenso mayoritario en lo social y en la representación parlamentaria y pretender que se suspendan las acciones que se derivan de ello, como si ya estuviera derogado.

Al Gobierno de Sánchez se le puede reprochar una falta de diligencia que debió evitar este marco electoral, pero también es de reconocer que no fue hasta el mes de marzo pasado cuando quedó despejado el camino para la intervención, con la inadmisión del Tribunal Supremo del último recurso de la Fundación Francisco Franco contra la exhumación. La primera sentencia, que amparaba en 2016 la recuperación de los restos por parte de sus familiares, aún sin Ley de Memoria, fue obviada por el Gobierno de Mariano Rajoy y abrió siete años de litigio judicial. Cumplir el deseo de las familias de aquellos combatientes, con independencia de su signo, era ya una obligación moral antes de que hubiera una cobertura legal. En Navarra, la gran mayoría de las familias ya retiraron los restos de sus familiares en los años 80, aunque hay dos solicitudes recientes de dos personas residentes en la Comunidad Foral ahora aunque procedentes de otros territorios del Estado. Es aplastante el consenso social sobre este ejercicio de justicia y verdad, pero la manipulación de esa verdad es un riesgo real en el próximo Congreso español y ahí debe haber voces navarras propias que lo recuerden ante la involución raccionaria.