Desconfío desde hace mucho tiempo sin posibilidad de enmiendas de los libros de memorias que anuncian a bombo y platillo políticos y periodistas. Nunca dicen toda la verdad sobre los hechos de los que hablan como protagonistas, que es una forma más disimulada de mentir, porque unos y otros tienen una parte de sus historias bajo la sombra del secreto profesional.

Ahora le ha tocado el turno al que fuera ministro de Interior con González, Juan Alberto Belloch, y por cumplir con la tradición en el habitual periplo mediático para hablar de su libro deja todas las perlas posibles que le ocurren para llamar la atención de la opinión pública e intentar vender algún ejemplar. Belloch llegó a la política con un aura de juez progresista en plena crisis de un felipismo arrinconado por lo sucesivos casos de corrupción acumulados y por la presión de las informaciones que desvelaban los crímenes de la guerra sucia que los aparatos del Estado organizaron y protagonizaron en los años 80 y 90 con la excusa de la lucha contra ETA.

Líneas rojas antidemocráticas que se saltaron de forma ilegal, injusta, indigna e infame. Su interés por restar peso e importancia al terrorismo de los GAL y minorizar la realidad de aquellos hechos y el profundo alcance antidemocrático de los mismos es el mismo que han expuesto en los últimos años González, Barrionuevo o Vera en los últimos años. Que los GAL fueron un elemento más de los diversos grupos que bajo el paraguas de los aparatos del Estado, policiales y militares protagonizaron el terrorismo de Estado es una realidad ya sabida Y quedó más confirmada cuando se hizo público un documento de la CIA en el que se responsabiliza a González y a su Gobierno de su creación e impulso. Belloch puede decir lo que quiera para vender su libro, incluso defender a Galindo. Pero no se puede justificar lo injustificable desde el punto de vista democrático. Intxaurrondo, donde fueron torturadas cientos de personas, estaba dirigido por el general Galindo. Y Galindo fue condenado por la Audiencia Nacional a 71 años de cárcel –cumplió sólo 4–, por el secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala en 1983, un episodio de guerra sucia anterior al del joven navarro Mikel Zabalza, igualmente torturado y asesinado tras ser trasladado a ese mismo Cuartel en 1985.

La sentencia contra Galindo fue ratificada por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con la unanimidad de sus ocho magistrados, que concluyeron que el juicio a Galindo fue justo y las pruebas de su culpabilidad, sólidas y fundamentadas. De las consecuencias de esas palabras solo me gustaría esperar, aunque sé que inútilmente, que está vez sí se derivasen actuaciones judiciales dignas por un posible delito de humillación a las víctimas del GAL y se asumiera de una vez que esas otras víctimas también forman parte del relato.

Aceptar definitivamente que el terrorismo de Estado estuvo mal y el daño injusto causado. Antes o después el Estado tendrá que asumir sus responsabilidades en unos hechos inadmisibles en una democracia. Esas otras víctimas también forman parte del relato. Cuente lo que cuenten Belloch, González, Vera, Barrionuevo o cualquiera otro de los protagonistas y aplaudidores, casi siempre bien recompensados, de aquella miseria ética.