Catalunya ha celebrado una nueva Diada con decenas de miles de personas en las calles de Barcelona para insistir en su reivindicación del derecho a decidir. Entre 150.000 personas, según la Guardia Urbana, y 800.000, según las entidades organizadoras, la ANC y Ómnium. En todo caso, una movilización muy alejada de las citas anteriores a octubre de 2017 cuando se alcanzaron los 1,7 millones de personas. Una Diada que ha coincidido con las negociaciones entre Junts y ERC para la investidura de Sánchez, un proceso que tiene la amnistía y el reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo como ejes del diálogo con el PSOE y Sumar. Es cierto que esa fortaleza política en el Congreso contrasta con la mayor debilidad de la movilización social en Catalunya y con la diferencia de posiciones entre los dos partidos catalanistas y el discurso de la Asamblea Nacional de Catalunya –en menor medida Óminum–, que aglutina a los sectores de la sociedad civil catalana más beligerantes del independentismo. No parece que ese distanciamiento –con la posibilidad de que ANC presente una lista propia al margen de Junts y ERC en las próximas elecciones catalanas–, vayan a modificar la posición negociadoras y prioridades que los dos partidos mantienen en Madrid. Pero el debilitamiento político y el cansancio social del independentismo unilateral seis años es una realidad que se reflejó en los resultados de Junts y ERC el 23-J. De ahí quizá, de esa sensación social de desazón y estancamiento, el llamamiento constante de Ómium a la unidad de acción a Junts y ERC. Una negociación política que puede y debe ser la puerta de salida al conflicto que se desató en Catalunya hace ya más de una década, con la reclamación democrática iniciada desde que el intento de reorganizar el encaje de Catalunya en el Estado español a través de la reforma de su Estatut que tuvo un muy mayoritario respaldo en las urnas acabase chocando estrepitosamente con la cerrazón del nacionalismo español en Madrid. Aquella desafortunada frase del desafortunado Alfonso Guerra: “Nos hemos cepillado el Estatut”. Fue un error histórico desatender y humillar las legítimas reivindicaciones catalanas expresadas de forma cívica, libre y democrática que aún hoy evidencia una falta de normalidad en la concepción de la política. De aquellos males vienen estos tiempos convulsos. Y puede y debe ser además una puerta abierta a la reorganización del mapa territorial y al encaje de la plurinacionalidad del Estado que afecta también a nacionalidades históricas como Navarra, la CAV o Galicia. Los votos de Junts y ERC son solo una parte de las llaves que necesita Sánchez para ser investido, pero el manojo completo lo completan también PNV, EH Bildu y ERC, incluso Coalición Canaria. Sólo la vía del diálogo político honesto y democrático que lleve a un acuerdo que permita la expresión de la voluntad política de todos los catalanes y catalanas puede cerrar esta crisis que lastra a Catalunya, mantiene bloqueado al Estado en un actitud de inacción y decadencia y se expande también por la Unión Europea. Más allá de las soflamas enardecidas de Aznar y Cía, la única certeza hoy es que Feijóo ha fracasado en su investidura. La de Sánchez, por mucho que sea el ruido ambiental mediático, sigue siendo es incierta. Pero todavía no imposible.