No ha sido noticia de grandes titulares, pero alegra saber que seis jóvenes portugueses hayan conseguido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admita una causa contra 32 estados (los de la Unión Europea, Turquía, Rusia, Noruega y Reino Unido) por inacción climática. Ojalá esto marque un punto de inflexión en la carrera suicida a la que nos llevan países y grandes empresas. En EEUU, en Montana, un grupo de jóvenes ganó este año también un juicio contra la administración del estado por no asegurar el derecho de la ciudadanía a un ambiente limpio y saludable.
Aunque en Europa se recogen esos derechos, es difícil que ninguno de los países admita que sus políticas son insuficientes porque se mueven entre la inacción o la lentitud: la emisión de CO2 sigue incrementándose, la descarbonización apenas avanza; en algunos lugares se siguen impulsando proyectos de minería de combustibles fósiles o negándose medidas que protejan la biodiversidad; el alargamiento de los plazos y moratorias a los productores de gases de efecto invernadero; no se cumplen las promesas de convocar nuevos instrumentos de democracia real como las asambleas ciudadanas con poder decisorio… Por lo tanto hace falta actuar más allá del silencio con que soportamos estas decisiones que quienes las toman saben que son erróneas y que nos llevan a un escenario de sobrecalentamiento del planeta que será catastrófico. No es que no lo sepan, porque lo saben, es que no se atreven, aunque en ellos hemos depositado nuestra confianza. ¿Qué habrá que hacer para empujarles a hacerlo? Si no es llevándoles a juicio, pocas vías pacíficas nos quedan además de la desobediencia y la acción no violenta. Igual por eso desde la fiscalía se empieza a mirar al activismo climático como sospechoso de terrorismo. Ay, qué mal, señores, a ver si cambia esto.
