Se cumplen 40 años de la desaparición forzada de Lasa y Zabala. Un acto más de aquella infamia ética que fue el terrorismo y la guerra sucia impulsada desde los aparatos políticos y policiales del Estado con la excusa de la lucha contra ETA. Los asesinatos de los GAL quedarán en la memoria de las familias de las personas que resultaron víctimas de aquellas acciones, pero perdurarán también en la memoria colectiva como el máximo grado de degeneración en un Estado de Derecho. Lasa y Zabala fueron secuestrados, torturados, asesinados y enterrados en un descampado bajo kilos de cal viva. Sus cuerpos aparecieron años después. El general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo, ascendido por la cúpula de Interior del felipismo con Barrionuevo y Vera a la cabeza, que también acabó siendo condenada por su vinculación a los GAL, cuando ya había indicios de su implicación en la desaparición y asesinato de Lasa y Zabala, el ex gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga y los agentes Ángel Vaquero, Felipe Bayo y Enrique Dorado Villalobos fueron los protagonistas de aquella vileza inhumana que situó los valores democráticos y garantistas del Estado en las cloacas de la infamia.
Lasa y Zabala no han tenido ni memoria ni reparación. Son de esas otras víctimas que la política y la justicia españolas considera de segunda categoría. Víctimas sin derechos según quienes son sus victimarios. La verdad real, sin embargo, ha estado siempre por encima de esa historia oficial manipulada e interesada. A pesar de que al amparo de la Ley de Secretos Oficiales, heredada de la dictadura franquista, la verdad y la memoria están vedadas no solo para historiadores, sino a las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Documentos y datos trascendentales para conocer lo que ocurrió en episodios oscuros y graves como el que sufrieron Lasa y Zabala, múltiples atentados de los GAL, miles de casos de torturas y malos tratos, los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz o los Sanfermines de 1978, el entramado del golpe de Estado del 23-F o, sin ir tan lejos, los turbios asuntos de Villarejo. Pero perdura la percepción social de una indignidad con sólo con recordar los niveles de responsabilidad de las personas que fueron acusadas y condenadas en esta trama y la facilidad con la que disfrutaron de beneficios penitenciarios o ascensos y gratificaciones a pesar de la gravedad de actuaciones que vulneraron todas las leyes y códigos éticos atribuibles a los funcionarios públicos y responsables políticos. Sigue pendiente asumir que esas otras víctimas también forman parte del relato. Aceptar que el terrorismo de Estado estuvo mal y el daño injusto causado. Antes o después el Estado tendrá que asumir sus responsabilidades en unos hechos inadmisibles en una democracia. Ha pasado mucho tiempo, pero la mayoría de los asesinatos de aquel periodo de terrorismo de Estado no han sido aclarados. Como los casos de Mikel Zabalza, José Luis Cano, Aniano Jiménez, Ricardo García Pellejero, Germán Rodríguez, Gladys del Estal y otros muchas víctimas del terrorismo derechista, la guerra sucia o las actuaciones parapoliciales. Son víctimas cuyos familiares tienen derecho a que, al menos, la responsabilidad política del Gobierno se traduzca en recoconocimiento de responsabilidad. Es también un mínimo ético.
