Han tratado de venderme un seguro de decesos. Otra vez. Es un asunto que demoro, no sé si por aprensión o por precaución. O por no firmar un documento que contempla fríamente que me voy a morir. Y encima le pone precio. Lo denominan seguro de decesos porque llamarlo seguro de muerte sería redundante. Como escribió un premio Nobel, “el último muerto no murió todavía, siempre hay un muerto pendiente”.

Lo raro es comprar un seguro de vida que no te garantiza, previo pago, que vayas a vivir noventa o cien años o el tiempo que consideres necesario. Dicho así suena a estafa. Volviendo al asunto, la operación tiene un trasfondo psicológico: aliviar la pena económica que acompaña al disgusto por la pérdida humana. Esto se viene haciendo desde tiempo remoto, más antiguo aún que el recibo mensual de Santa Lucía. Porque una vez depositado el cadáver en el tanatorio empieza a funcionar la caja registradora: dinero para la esquela, para el ataúd, para las flores, para la misa de funeral (la Iglesia también cobra el servicio).

Todo esto lo conoce de sobra la chica que trata de colocarme el seguro (antes fue una alarma), un paquete que incluye también posibles traslados, asistencia jurídica y psicológica, y hasta la posible clausura de las redes sociales que maneje el difunto. Yo le expuse la conveniencia de depositar un teléfono móvil en el féretro, porque se oyen muchas leyendas post mortem que ponen los pelos de punta, pero no le hizo gracia. Tampoco he leído la letra minúscula de los catorce folios que recogen derechos y obligaciones, pero después de repasar las informaciones económicas que acompañan el Día de Difuntos, me parece que la oferta tampoco está tan mal planteada.

Según datos de la OCU de 2021, una inhumación en Pamplona se acercaba a los 6.000 euros; y, amplía la organización de consumidores, casi la mitad de los españoles tienen su entierro garantizado mediante un seguro de decesos, que normalmente cubre los gastos totales del sepelio. A día de hoy, en el Estado hay más de 22 millones de personas aseguradas con este servicio, es decir, el 47% de la población. Parece claro que morirse sale caro.