Como el debate sobre la Ley de Amnistía parece cada vez más amortizado en la sociedad, las derechas y sus medios afines han optado por elevar el tono sobre cualquier otro cuestión vinculada a las complejas negociaciones que mantiene el PSOE con los grupos parlamentarios dispuestos a apoyar la investidura de Sánchez. Lo mal que lo está pasando un tal Pablo Motos y las últimas tropelías de la Audiencia Nacional y la Guardia civil son los temas estrella en sus redes y digitales. Pero la nueva diana política es la condonación de 15.000 millones de la deuda de Catalunya vinculada al fondo de financiación autonómica que ofreció Rajoy a las comunidades autónomas. Un ruido absurdo también porque el acuerdo deja claro que la quita del 20% de esa deuda que tienen las comunidades autónomas con el Estado será igualmente aplicable a todas ellas, excepto a Navarra y la CAV que tienen sus propios regímenes forales en el Convenio Económico y en el Concierto Vasco. Y es fácil suponer que todas las comunidades afortunadas en el sorteo con la bola que sacó ERC en las negociaciones se presentarán en ventanilla para cobrar su parte del premio. De hecho, ya lo había solicitado antes en reiteradas ocasiones el PP para sus comunidades autónomas. Así que otra nada más para mantener como sea su discurso de oposición total a todo lo que se mueva. En todo caso, no deja de tener su aquel político que sean las dos comunidades a las que se señala insistentemente como insolidarias y privilegiadas las únicas que no tengan acceso a esa condonación. Un ejemplo más de que los modelos forales de autogobierno fiscal no son ningún privilegio. Al contrario, se basan en la corresponsabilidad fiscal –el gasto público se calcula en función de la recaudación tributaria cada ejercicio fiscal–, y con eso se garantiza el desarrollo social, económico y cultural, los servicios públicos y el cupo de solidaridad con el conjunto del Estado. Así, Navarra también es con la comunidad que más ha reducido su deuda. Basta comparar los dos sistemas. El Estado recauda y luego redistribuye lo ingresado, pero las cuentas nunca salen. Los datos demuestran que la gestión de los recursos públicos en muchas autonomías presenta síntomas evidentes de un despilfarro megalómano y superfluo insostenible. Por si acaso, nadie se quiere sumar al modelo foral. Mientras, la reforma del sistema de financiación autonómica sigue sumando años en estado pendiente. Pese a las acusaciones interesadas de insolidarios y a las presiones internas en favor de la desregulación y regresividad fiscal, Navarra debe defender su actual sistema de corresponsabilidad fiscal y autogobierno foral –ya muy devaluado tras los recortes del siglo XIX, de la dictadura franquista, del Amejoramiento y de las sucesivas ofensivas centralistas–, recogido en la Constitución de 1978 y legitimado por la UE. No sé si Navarra y la CAV pueden tener una pequeña baza negociadora en el ámbito de sus respectivos cupos de aportación solidaria a las cargas del Estado –lo reclamó UPN ayer mismo–, que en el caso de las previsiones de gasto público de Navarra para 2023 crece otro 10% hasta los 702 millones de un techo presupuestario de 5.742 millones, pero, sin duda, el acuerdo de condonación de una parte de la deuda autonómica abre una puerta política más para el Gobierno foral.
