Martín Villa es el paradigma de persona non grata en Navarra. Su presencia hoy en Pamplona para acompañar a Jaime Ignacio del Burgo en la presentación de su último libro es, además de un reencuentro con todos los síntomas de la nostalgia propia de ambos personajes por aquella época oscura del tardofranquismo en la llamada Transición, una pequeña o gran provocación a la memoria de quienes sufrieron y padecieron a Martín Villa como ministro de Interior en gobiernos franquistas. Que la Transición posterior haya intentado blanquear al personaje y le pusiera un puente de plata para seguir viviendo a papo rey no ha servido para borrar la memoria de un tipo señalado por sus víctimas y por la propia historia como responsable de algunos de los hechos más negros de aquel tiempo.

Solo en la cercanía, los asesinatos de carlistas en Montejurra, los Sanfermines del 78 o la muerte de cinco trabajadores a las puertas de una iglesia en Vitoria-Gasteiz, entre otras más. Supongo que además de la nostalgia y la vieja amistad, a Del Burgo le interesa de su presencia en Iruña que le sirva para captar cierta atención mediática para vender algún ejemplar de su libro. Porque lo que digan o dejen de decir ambos es ya irrelevante para la sociedad navarra de hoy. Pero supone una oportunidad más de reivindicación de la exigencia de memoria histórica que trata de poner sobre la mesa de la opinión pública de Navarra todo el peso del único precio político pagado hasta ahora en este país por la paz: el precio del olvido de los crímenes del franquismo durante 40 años y del tardofranquismo en la Transición. El precio del olvido de la justicia de quienes desde las últimas trincheras de un régimen en descomposición aprovecharon sus reductos de poder (policial, militar, económico y político) para organizar esas y otras matanzas, extender la violencia en las calles y garantizarse la impunidad en la democracia.

Hace solo unos días la consejera Ana Ollo y el director de Convivencia, Martín Zabalza, presentaron la primera memoria anual de la Comisión de Reconocimiento, el órgano encargado de analizar las denuncias y decidir, en cada caso, quién accede a la condición de víctima de violencia policial, ultra y política en Navarra. La comisión cerró 2023 con 41 expedientes, 10 de ellos con resultado de muerte. No son todos. El estudio aún no comprende la totalidad de esos actos ocurridos en esa época en Navarra. Ni tampoco otras violaciones de derechos humanos posteriores. Ahí están la negativa persistente a reabrir el caso de los Sanfermines del 78 o las negativas a derogar la Ley de Secretos Oficiales heredada del franquismo y desclasificar documentos que pueden esclarecer los crímenes de la Transición. Ni para eso hay margen al todo atado y bien atado. Una excepcionalidad antidemocrática más. Un espacio más de impunidad.

Nadie ha pedido perdón, pero la Transición también fue un periodo oscuro y duro en el que la violencia instigada desde los poderes controlados por el tardofranquismo, el terrorismo derechista o las actuaciones parapoliciales dejaron 2.663 víctimas en el Estado entre muertos y heridos, la mayoría olvidadas. Ni son víctimas y si lo son, son de segunda categoría. Si no lo es, Martín Villa debiera ser oficialmente persona non grata. Para los familiares en Navarra de las miles de víctimas de aquel régimen que él representó brazo en alto será un pequeño consuelo.