Como subrayaron ayer varias víctimas, esta pasada medianoche ha prescrito la causa penal por los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004. Si aparecieran nuevas pruebas, ya no podrían investigarse al haberse cumplido los veinte años de prescripción que marcaba la ley vigente en el momento de la matanza. Y no hay nada que hacer al respecto, por lo visto.
Lo triste es que, más allá de lo meramente jurídico, también con el día de ayer se agotó el recuerdo del 11-M hasta dentro de cinco años, cuando se cumpla el próximo aniversario redondo. Entonces, los medios volveremos a volcarnos con un despliegue a lo ancho como el que hemos realizado estos días. Si me apuran, incluso con los mismos puntos de abordaje.
Insistir en la mentira
Por desgracia, me temo que para entonces, José María Aznar López seguirá, como hizo ayer miserablemente, defendiendo su infame actuación en los días que fueron del 11 al 14 de marzo. Hay que tener alma de hielo para seguir sosteniendo, después de que los hechos han sido tasados y medidos, que las evidencias de las que disponía aquel gobierno mentiroso no apuntaban a la autoría yihadista.
Y por si todavía se podía ser más indecente, la declaración ni siquiera fue en primera persona, sino a través de FAES, el chiringuito que preside el aludido. Ya lo advirtió en nuestras páginas el presidente de la Asociación 11-M: “Aznar no va a salir a decir ‘yo mentí aquel día porque tenía la pista islamista y no lo quise decir’, pero es así”.
Nada que nos sorprenda a estas alturas en que la mayor parte de la derecha política y mediática (por fortuna, hay algunas honrosas excepciones) sigue sin querer reconocer lo que está suficientemente acreditado. En lo que nos toca más de cerca, pudimos comprobarlo ayer en la oprobiosa ausencia de UPN, PP y Vox en el acto de recuerdo que organizó el Gobierno de Navarra en Iruñea.
No por reiterativo es menos doloroso el desprecio a las víctimas de quienes, en otras ocasiones, se erigen en sus principales adalidades. Pero aquí volvemos a encontrarnos con la triste realidad que se ha vivido en los últimos veinte años: las víctimas del 11-M y sus familias han sido consideradas de segunda o tercera clase.
