El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha dado esta semana un paso con pocos precedentes similares al aprobar una resolución que reclama un alto el fuego en Gaza y exige la liberación de todos los rehenes, así como el cumplimiento de las condiciones de asistencia humanitaria a la población civil que sufre el asedio militar de Israel. De la trascendencia de la decisión adoptada hablarán en las próximas semanas el grado de cumplimiento que obtenga, que en principio no parece ni mucho menos garantizado.

Pero el paso dado por la administración estadounidense de Joe Biden es un mensaje claro sobre la disconformidad de los demócratas con la gestión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de los excesos denunciados por las organizaciones humanitarias y la propia ONU. La abstención de Estados Unidos ante una propuesta de los miembros no permanentes del Consejo es consecuente con su postura de pocas horas antes, cuando una resolución propia no logró el respaldo de Rusia y China, que vetaron su aprobación.

El movimiento no significa que los miembros con derecho de veto –Francia y Reino Unido, además de los tres citados– hayan dejado de utilizar su privilegio en favor de sus posturas e intereses geoestratégicos pero sí que el consenso internacional es suficiente para incrementar la presión no a Israel sino a su gobierno mientras practique la escalada militar inhumana que ha segado decenas de miles de vidas de palestinos. No hay en el fondo de las dificultades para alcanzar posiciones comunes una equidistancia ni una edulcoración de la brutalidad que a su vez practica la organización terrorista Hamas. Es preciso que la firme denuncia de las atrocidades de una parte no se someta a sordina por las de la otra.

La condena debe ser onmidireccional y no verse limitada por la pugna de intereses. No obstante, siendo significativo, el paso dado por el Consejo de Seguridad no garantiza que la senda abierta se vaya a llevar hasta sus últimas consecuencias. El incumplimiento de la resolución no va a llevar automáticamente a la aplicación de sanciones al gobierno de Netanyahu y el debate de ese escenario está lejos de contar con el mismo consenso. A corto plazo puede ser una declaración sin efecto pero fija una línea de exigencia a la que Israel tendrá que plegarse antes o después.