Sánchez sigue al frente del Gobierno. Lo relevante se inicia hoy. Su intervención se limitó a eso, a decir que se queda en Moncloa, pero lo importante es lo que anunció: que la fiesta del fango antidemocrático se acaba. Pero no anunció normativa concreta alguna para ello y si a las palabras no le siguen hecho para garantizar la regeneración democrática de unas estructuras de poder carcomidas en el Estado, su fracaso será total. Al compromiso de lo dicho cabe exigir la responsabilidad posterior de lo hecho. En cualquier caso, ya no hay vuelta atrás. O hay una reforma regeneracionista profunda del sistema político, que separe con absoluta transparencia y control democrático la gestión pública de las exigencias privadas, o todo acabará en el garete. Lo exige la deriva de sus instituciones más importantes, empezando por la separación de poderes y el poder judicial y siguiendo por la renovación del modelo territorial del Estado. Responsabilidad colectiva de la actual mayoría democrática que sostiene al Gobierno también y del conjunto del entramado político, jurídico e institucional. Todo un gigantesco compendio de intereses e hipocresía, cinismo y falsedades que abarca a buena parte de las instituciones del Estado y al poder económico y financiero. Los intereses particulares se han impuesto a la ética democrática. Esa regeneración democrática que debiera haber comenzado cuando Sánchez llegó al Gobierno y durmió la primera noche en Moncloa –llega muy tarde creo–, sigue pendiente y debe empezar por recuperar los derechos y libertades democráticas y constitucionales que se cepilló primero Aznar y luego Rajoy. En definitiva, poner pie en pared y poner fin a una estrategia de regresión democrática que se fue construyendo con la aprobación no sólo de la Ley Mordaza, el asalto de los intereses partidistas a los medios de comunicación y la propagación y financiación pública de medios que expanden bulos, sino también con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal o con los progresivos endurecimientos del Código Penal o con la negativa a aprobar una ley de Secretos Oficiales que sustituya a la franquista actual que han ido laminando y minorizando las garantías del Estado de Derecho. No es complicado. Se trata de acabar con un sistema que asienta la involución hacia un Estado autoritario y reaccionario que persigue y penaliza derechos democráticos fundamentales como la libertad de expresión, la disidencia o las ideas políticas y más aún el creciente intento de extender una ideario de evidentes connotaciones falangistas y ultras. La deteriorada democracia española exige una profunda renovación política y regeneración institucional. Es cierto que es este contexto sombrío, Navarra es aún una burbuja social, económica, financiera, mediática, académica y, en comparación, también laboral y debiera serlo política igualmente al margen de diferencias y problemas propios. La alternativa derechista es un camino a más bloqueo, más crisis política e institucional, más corrupción y menos democracia y más confrontación territorial. En definitiva, un pésimo camino ese para la mayoría. Y hoy más que ayer la responsabilidad es de Sánchez.