Más ruido que nueces. O esa impresión queda tras la cumbre al más alto nivel institucional en Navarra que se organizaron la presidenta del Gobierno María Chivite y el presidente del Parlamento Unai Hualde el viernes con el objetivo, según parece, de analizar medidas que mejoraran el debate político foral. No creo que el debate político en Navarra esté necesitado de pastoreo institucional alguno. Es más bien plano y más bien poco ruidoso.

Puede haber excesos de vehemencia y cierta proliferación en los últimos tiempos de insultos y descalificativos desde los escaños de UPN, pero más allá de lo desagradable que resultan y del malestar que puede generar en quien los recibe, solo retratan la mínima capacidad dialéctica y de exponer ideas de quien echa mano de la bocachancla porque no tiene otra cosa que decir. El debate político en las instituciones, medios y calles está a años luz de lo que ocurre en Madrid, por ejemplo.

Solo basta comparar una sesión del Congreso y un pleno de la Cámara foral. Y los muy pocos medios digitales que tratan de alimentar aquí la estrategia de la información basura tienen audiencias ridículas y su capacidad de influencia es ninguna. Fue bastante peor el debate, el señalamiento y la persecución política en épocas anteriores. O sin ir más lejos, la sucesión de campañas orquestadas contra la presidencia de Barkos –el ataque constante al euskera fue especialmente impresentable e inaceptable–, a partir de bulos, manipulaciones y desinformación. Quienes las protagonizaron e impulsaron lo saben bien. Pero si la cumbre institucional parece excesiva, las medidas que se plantean resultan innecesarias e ineficaces, cuando no peligrosamente confusas.

Por un lado, crear una Agencia de Verificación de las informaciones. Sea lo que sea eso, perpetrar no suena nada bien. ¿Qué se verifica? ¿Quién lo verifica? ¿Con qué criterios y con qué consecuencias? Y, sobre todo, ¿quien verifica al verificador? De momento, la ocurrencia es solo una intención y es de esperar que se quede en eso, porque sino las libertades de expresión y de opinión y el derecho a una información veraz e independiente estará otra vez al albur de la sombra de un tal verificador.

Y, por otro, la aprobación en el Parlamento de un código ético que pueda sancionar “conductas impropias” de parlamentarios y parlamentarias, entre ellas las declaraciones xenófobas de los miembros de Vox. La medida está avanzada, pero también dudo de su viabilidad y utilidad real. Además de que habrá que ver qué se considera conducta impropia, porque puede ser abrir otra puerta también peligrosa. A los discursos y planteamientos de la ultraderecha se le frenan con confrontación de ideas, discursos de altura y cultura democrática. Lo del código ético suena bien, tan bien como las Bienaventuranzas de la Iglesia católica, que están ahí, pero ni la propia Iglesia que las difunde las ha cumplido alguna vez.

Navarra cuenta con un modelo de democracia avanzado y consolidado que tiene muchas vías para corregir sus defectos de funcionamiento, pero no creo que la lucha contra la desinformación, los bulos y la mala educación en el debate político pase ni por la Agencia de Verificación, que no puede evitar emanar un tufo a la vieja censura, ni por la imposición de un Código Ético, que suena a sermón dominical.