El Senado español es una institución venida a menos, con funciones muy limitadas y de escasa –por no decir nula– utilidad. La llamada Cámara Alta ni tiene la importancia y el poder que le otorga la Constitución de otros países como Estados Unidos ni es elegida con criterios de proporcionalidad. En España, la lista del partido más votado coloca a tres de cada cuatro miembros por provincia, lo que permite que en la actualidad el PP tenga una aplastante mayoría absoluta que no se corresponde con la pluralidad que se votó en las elecciones del año pasado, que sí queda reflejada en el Congreso. Fruto de esta desproporción, los liderados por Núñez Feijóo manejan el Senado a su antojo hasta convertirlo en lo que es su juguetito. Así, lo mismo constituyen una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en pandemia –cuyo objetivo prioritario no es investigar nada sino buscar titulares de prensa–, que bloquean hasta el límite de la legalidad iniciativas que cuentan con la aprobación del Congreso, donde reside la soberanía popular, con el fin de dilatar todo lo posible su tramitación. Una manera de enredar la política mucho más allá de lo éticamente aceptable aun sabiendo que se trata de una estrategia cortoplacista, ya que la Cámara Baja está facultada para dar la vuelta a los vetos del Senado. Esto es lo que va a ocurrir con la ley de anmistía, que quedará definitivamente aprobada a finales de mes, tal y como es deseo de la mayoría política, después de que el PP se haya dedicado a torpedearla aprovechando las particulares mayorías que regala el Senado.
