Es una evidencia que las actuaciones públicas influyen en el equilibrio de la sociedad o en su desequilibrio y contribuyen a frenar los efectos de la desigualdad, reducir brecha social y mejorar la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. O en el camino contrario, a aumentarla. No es sólo una cuestión de porcentajes, sino que expone una realidad mucho más profunda: ni todos los políticos ni todos los gobiernos son iguales ni hacen los mismo. Navarra ha hecho de las políticas sociales una apuesta histórica prioritaria y, en compañía de las organizaciones de solidaridad de la sociedad civil, ha ido impulsando medidas políticas y dedicado dotación presupuestaria a la lucha contra la exclusión social. Una política fiscal redistributiva y eficaz, inversiones sociales, la apuesta por un desarrollo económico y un modelo de empleo que permita sustituir la precariedad por la calidad y la garantía de unas prestaciones públicas (saluda, educación y atención social) gratuitas son elementos claves para recuperar la máxima cohesión social y asentar un modelo de convivencia desde la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la justicia. No es lo mismo anteponer los intereses generales o los intereses privados en la gestión de los recursos públicos. De esa diferencia resulta un modelo político u otro. Sin esa apuesta por la cohesión y la justicia la sociedad navarra no disfrutaría hoy de los niveles de bienestar actuales. La batalla cultural que se libra hoy en el mundo no es solo política, es fundamentalmente socioeconómica. Por ejemplo, los mantras de que los impuestos son un robo o que la justicia social es una aberración. Una lluvia fina que camina hacia el paraíso de la desregulación, la ausencia de leyes, derechos y deberes y, en última instancia, al salvase quien pueda. Quizá lo importante en este contexto de confusión informativa, donde una terminología críptica intenta con más bien poco éxito explicar el comportamiento de los mercados, los objetivos de los especuladores, la desorientación de los gobiernos y la incertidumbre de los ciudadanos, sean las intuiciones. Por ejemplo, que los mismos responsables de la crisis financiera de hace 15 años siguen controlando el funcionamiento especulativo de los mercados y con rumores y falsedades son capaces de colapsar economías o empresas e iniciar nuevas guerras y embolsarse millones de euros. O que el grifo del dinero público se utilice cada vez más para atender intereses privados y menos a las necesidades reales de ciudadanas y ciudadanos muestra el cinismo de un modelo basado en que no hay dinero para la solidaridad y la redistribución de la riqueza, pero lo hay a espuertas cuando los necesitados son poderosos. O que la dinámica del miedo es un bálsamo perfecto para imponer recortes de derechos sociales y laborales y para minorizar los criterios humanistas del Estado de Bienestar, que sin esa extensión planificada del temor colectivo serían imposibles. Pero igualmente resulta difícil de entender la actitud desinteresada en muchos casos de la sociedad afectada por la actual involución del modelo democrático y socieconómico de convivencia. No todo es igual ni es lo mismo. Importa, y mucho, no olvidarlo y repensar de donde venimos, cómo hemos llegado, qué hemos conseguido y hacia qué lugar queremos caminar.