La investidura de Illa como nuevo president de la Generalitat y la presentación ayer de los 16 miembros del nuevo Govern, con el núcleo duro del PSC y la inclusión de perfiles próximos a ERC, la antigua CiU e incluso Junts, visualizan con claridad el inicio de un nuevo ciclo político en Catalunya. Sin embargo, no sirven para despejar el destino más inmediato de la fórmula y de la estabilidad de este cambio político. La mayoría parlamentaria de Illa se sustenta en el apoyo de Los Comunes y, sobre todo de ERC, y está ligado inevitablemente al cumplimiento del acuerdo de socialistas y republicanos para implantar un nuevo modelo de financiación propio para Catalunya. Y ese cumplimiento depende la aprobación de una nueva ley en el Congreso de los Diputados, donde a estas ahora parece difícil que pueda sumar los votos necesarios para alcanzar una mayoría que lo haga posible. Al margen de la oposición frontal del PP y de Vox, entre los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno y soportan la mayoría en el Congreso también hay importantes dudas. Sin olvidar que en los propias filas del PSOE se han levantado voces importantes en el ámbito autonómico que han mostrado igualmente sus dudas, cuando no su desacuerdo, con el modelo pactado para Catalunya. O que Junts, al que tras la aparición y fuga inmediata de Puigdemont, no le queda más que el papel de oposición frontal al Gobierno de Illa como segunda fuerza del Parlament, ya ha expresado su disconformidad con el pacto entre ERC y PSC. Esto es, la continuidad del cambio político en Catalunya depende de que salga adelante una ley en Madrid que está lejos aún de contar con los votos necesarios para ello. Luego habrá que esperar a los recursos que partidos y comunidades puedan elevar a los tribunales y las decisiones judiciales. De hecho, Puigdemont fracasó en su intento de paralizar la investidura de Illa y tampoco se dio el baño de masas que podía esperar en su vuelta a Catalunya tras siete años de exilio, pero su intervención sí le sirvió para poner en evidencia uno de los problemas graves que afronta la democracia en el Estado español: la anulación de la división de poderes con unos magistrados atrincherados en el Supremo y en otras altas instancias judiciales desde donde ejercen un activismo político constante contra el Gobierno y contra la voluntad democrática del Congreso. Es cierto, como denunció Puigdemont, que si un Estado democrático aprueba una Ley de Amnistía que luego no puede aplicar algo muy importante falla. La escenificación de Puigdemont quizá haya sido un error, su canto del cisne político, para recuperar una credibilidad cada vez menor en una sociedad catalana y en un independentismo que da claras muestras de cansancio y desencanto, pero puso blanco sobre negro que las nuevas actuaciones de Llarena para tratar de dejar sin efecto la Ley de Amnistía, introduciendo delitos de última hora como el de malversación, son un abuso de posición de poder inaceptable contra la voluntad democrática del Legislativo. Y si la inestabilidad regresa a Catalunya, la continuidad de la Legislatura estará en el alero y la presión del golpismo político, mediático y judicial contra el Gobierno de Sánchez y la mayoría del Congreso se hará más insoportable aún. El futuro a corto plazo, con Junts yERC afrontando dos congresos cruciales para su futuro en octubre, ofrece decisiones más inciertas que posibles.