Hoy se denuncia –no hay nada que conmemorar–, en el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, otro de los delitos más infames de lesa humanidad. Coincide con la carnicería de Israel en Gaza, que en poco más de 10 meses de violencia total contra los palestinos ha dejado, además de decenas de miles de muertes, la gran mayoría civiles inocentes, también miles de personas desaparecidas. Se calcula que 23.000 de ellos son niños y niñas. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor en 2010 y su objetivo es evitar las desapariciones forzadas, descubrir la verdad cuando ocurren y garantizar que las víctimas o los supervivientes y las familias de las víctimas obtienen justicia y reparación.
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La desaparición forzada vulnera la legalidad internacional, los límites humanistas impuestos a la guerra y los derechos humanos de víctimas y familias. Pero da igual. Poco a poco, casi sin enterarnos o, mejor, sin querer enterarnos, las bases mínimas del orden internacional garantista que se levantó tras las masacres humanas del siglo XX se han ido desmontando y ha acabado derivando en un desorden internacional en el que todo vale y nadie está dispuesto a asumir ni acepar responsabilidad alguna por violar las leyes de la convivencia internacional. Los derechos de las personas, empezando por el derecho a la vida y el resto de todos los que le siguen en la Declaración Universal de 1948, son agua de borrajas. Cualquier excusa vale para pasárselos por el arco del triunfo.
El asesinato de cientos de periodistas en Gaza es otro ejemplo de borrar de un plumazo el derecho a la verdad y ala información de los ciudadanos. Y ya no se trata de dictaduras infames, ni de Rusia o China, también EEUU, la misma UE o la interminable capacidad de expandir brutalidad de Israel también se han apuntado al nuevo desorden internacional. Y por no olvidar, en esta tierra las organizaciones de derechos humanos y de memoria llevan años demandando profundizar en las investigaciones e informaciones para aclarar el destino del ex dirigente de ETA político militar Eduardo Moreno Bergaretxe, la de tres jóvenes gallegos José Humberto Fouz, Jorge García Carneiro y Fernando Quiroga, la de José Miguel Etxeberria, la del miembro de Iparretarrak Jean Louis Larre y la de Tomás Hernández. Los presuntos responsables de sus desapariciones tienen protagonistas diferentes, desde ETA a los grupos de ultraderecha o la guerra sucia impulsada por el Estado. También exigen, con ningún éxito hasta la fecha, que se ofrezcan todas la herramientas necesarias para poder clarificar el destino final y localización de los cuerpos de estas personas.
Empezando por derogar la Ley de Secretos Oficiales, un instrumento para asegurar impunidad heredado del franquismo. Sin olvidar que en Navarra más de 3.200 personas fueron asesinadas en pocos meses tras el golpe militar de 1936 contra la República y sus cuerpos ocultados en fosas comunes, montes, descampados y cunetas en una operación de exterminio de civiles planificada y organizada. Más de 1.000 siguen desaparecidos. Y legalmente, en Gaza o en nuestra memoria histórica, la desaparición forzada sigue siendo un crimen contra la humanidad que no prescribe.