El debate sobre la fiscalidad de Navarraha pasado un nuevo episodio con el rechazo a las enmiendas a la totalidad de UPN, PP y Vox contra los cambios tributarios impulsados desde el Gobierno y la mayoría política de la Cámara. Sin pena ni gloria. Nada nuevo. Tampoco las enmiendas de UPN, PP y Vox iban más allá de un argumentario más propio de un comunicado habitual de los partidos de la oposición, lejos de una alternativa fiscal seriamente construida. Llegaron derrotados al debate. La fiscalidad junto a las prioridades presupuestarias de cada año y el Convenio Económico son los pilares que sustentan el autogobierno foral que mantiene el Estado de Bienestar actual de Navarra.
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Y tampoco es que el Gobierno de Chivite haya abordado el modelo fiscal con mucha ambición. Más que una reforma tributaria ha sido un lavado de cara que incluye pocos cambios en el desigual escenario en el reparto de la redistribución de la riqueza que exige una política fiscal progresiva. Se abordan ámbitos como las pensiones mínimas de viudedad y jubilación de 1.035 euros al mes y diversas exenciones fiscales destinadas a la deducción por alquiler, a la compra del coche eléctrico, a agricultores y ganaderos, al mecenazgo deportivo, cultural y social y a la reinversión empresarial. Muy lejos de una reforma fiscal profunda que adecue la aportación de todos los sectores a las necesidades de la Navarra de hoy.
Es tiempo quizá de añadir medidas de mejora a la aportación tributaria de las clases medias y rentas de trabajo, autónomos, pymes y comerciantes que son los que aportan el grueso de los ingresos –aún se pueden incluir como defienden tanto Geroa Bai desde el Gobierno como UPN–, y de analizar también decisiones valientes y justas que sitúen la aportación de las rentas de capital, patrimonio y grandes empresas a la realidad de la sociedad navarra. No es muy complicado.
Quienes más se quejan del pago de impuestos son quienes más se quejan también del funcionamiento de los servicios públicos de sanidad, educación, atención social, dependencia, vivienda o carreteras, y quien más se quejan de pagar impuestos sobre sus beneficios de renta o empresariales son quienes más ayudas públicas y deducciones fiscales reclaman. Eso es así desde que el debate público sobre la fiscalidad está intoxicado por la demagogia partidista y manipulado con ayuda de los grandes medios por los poderosos lobbies que defienden la desregulación fiscal en favor del gran capital y de los fondos buitres y de inversión que pretenden convertir los derechos de los ciudadanos en un simple negocio. Lo inaceptable es mantener los privilegios fiscales de intereses particulares.
El diseño de una fiscalidad equitativa será imprescindible si Navarra quiere mantener sus altos niveles de cohesión social, servicios públicos y convivencia. Repensar una fiscalidad que permita avanzar en la equidad tributaria de ciudadanos, empresas y capital es igualmente imprescindible para afrontar las transformaciones estratégicas, modelo empresarial, modelo productivo, relaciones laborales, servicios públicos, etcétera, que va a necesitar Navarra. Hay votos en el Parlamento y tiempo sin elecciones para hacerlo en serio. Para empezar, negociando con el Estado la fiscalidad de banca y multinacionales para la Hacienda Foral como ya ha hecho la CAV.