En los últimos días, han aprobado los presupuestos de 2025 la Comunidad Autónoma del País Vasco –este viernes– y la Foral de Navarra –el jueves–, además de los Territorios Históricos de Araba y Gipuzkoa –Bizkaia lo hará el próximo viernes–. Con diversas mayorías, y diferentes grados de consenso, el denominador común es la estabilidad que aportan y que cabe entender prolongada, en tanto el ejercicio político más leal y consecuente será que las fuerzas políticas que han propiciado las mayorías suficientes se empeñen en facilitar la ejecución de esos proyectos presupuestarios y extraerlos de otros debates, en cualquier caso legítimos.
Es un resultado satisfactorio cuya principal beneficiaria es la ciudadanía. La estabilidad no debe ser para los gobiernos sino para ella. Por eso, cuando merma o desaparece, cuando impedirla es un modo de desgastar al rival político, la irresponsabilidad debe asumir facturas desde la percepción social del perjuicio recibido, aunque no siempre suceda así y ésta acabe condicionada por un diagnóstico más ideológico que político.
La comparación del escenario presupuestario –y político– de nuestro entorno más próximo con el que se vive en Madrid es inevitable. La configuración parlamentaria es consecuencia del ejercicio central de una democracia: la voluntad expresada libremente y con garantías en las urnas. En el Parlamento español y en el Gobierno de Pedro Sánchez hace tiempo que resulta muy difícil apelar a la responsabilidad de todos en aras de propiciar la estabilidad para la ciudadanía. La consecuencia ha sido convertir el desequilibrio y la frustración de iniciativas legales improvisadas en una constante.
Mimbres que hacen muy difícil encarar una negociación presupuestaria cuando los votos están tan medidos y se maximizan emblemas ideológicos que carecen de mayorías que los sustenten. Puede ser un impuesto que cuestionan los técnicos pero sacralizan los ideólogos o un relato que se envuelve en protección social aunque penalice a la mayoría social. Cada socio de investidura de Sánchez sabe del valor de sus votos y el único freno a su instrumentalización es la lealtad a una estabilidad para la ciudadanía. Si la consecuencia de la estrategia particular es el bloqueo constante, la alternativa indeseable acabará percibiéndose en la calle como una solución.
