Este domingo se cumplen dos meses desde que el 29 de octubre quedaran grabados en la memoria colectiva los nombres de localidades, hasta entonces anónimas para la mayoría, azotadas por el rigor de un fenómeno meteorológico extremo de dolorosas consecuencias, que segó 223 vidas y condiciona aún las de decenas de miles de personas más. La dana se llevó por delante vidas, propiedades y el futuroinmediato de todas ellas pero aún resulta complicado detenerse en un análisis frío y, sobre todo, útil de lo que sucedió, de lo que pudo evitarse y de lo que aún está por paliar y reconstruir.
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Las medidas legales adoptadas parecen correctamente orientadas y en un tiempo relativamente apropiado para que el sufrimiento y la incertidumbre no sean el principal plato del menú de los damnificados. Para entender que en muchos casos sigue siendo así es preciso valorar la dificultad propia de la gestión de una reconstrucción de esta magnitud y un impacto humanitario tan intenso. Pero también lo es reclamar la concentración de esfuerzos en lo primordial, la coordinación de los recursos y administraciones locales, autonómica y estatal y la eficiencia en la movilidad de los mismos.
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La recuperación del medio agrario, de la actividad económica y la sostenibilidad de las personas son esa prioridad imprescindible, pero los esfuerzos baldíos en una pugna política de ínfima calidad y nada resolutiva distraen y propician la ineficiencia, así como la percepción –en muchas ocasiones injusta con quienes dedican sus capacidades a marcar soluciones, desde el terreno y desde la organización– de que hay un utilitarismo que pretende, por una parte, eludir responsabilidades y, por otra, socavar la fiabilidad en las instituciones.
La crítica, mordaz si es preciso, de la actitud enjuiciable de los gestores no justifica que se arremeta contra un sistema de solidaridad y cooperación que solo es posible en democracia. Es absurdo reducir, dos meses después, las necesarias soluciones y responsabilidades a la inexplicada ausencia del presidente de la comunidad el día de autos como lo es pretender que el sistema autonómico delegue en el Gobierno del Estado mediante lo que sería una suspensión de las funciones de la Generalitat. Las soluciones para las personas demandan un enfoque de eficacia, no de elusión de responsabilidades.