El Estado ha vuelto a paralizar los desahucios por impago de alquiler de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional. El decreto debe convalidarse en el Congreso y digamos que, a cambio, se establece una nueva línea de avales estatales (ayer salió en el BOE) para aquellos propietarios de vivienda siempre y cuando no superen el índice estatal de alquiler, el tope que muchas comunidades como la navarra van a fijar en las llamadas zonas declaradas tensionadas. A su vez, para obtener el aval (esa garantía de cobro) el inquilino de esa casa deberá encontrarse en situación de vulnerabilidad económica o ser menor de 35 años.
Uno de estos dos requisitos se debe cumplir tanto al firmar el contrato (con su fianza) como a la hora de presentar un documento que firmarían ambas partes para comprometerse con el aval. Habrá un reglamento que desarrolle la medida y no se descarta que se puedan beneficiar de los avales otros colectivos sociales. Es decir, garantías adicionales a la fianza del alquiler, como el aval de terceras personas, en este caso, la Administración estatal.
Todavía no sabemos cómo será su implantación en Navarra y si tendrá un rango estatal de obligado cumplimiento pero el paquete encara dos lecturas. Por un lado, Madrid pretende seguir protegiendo a personas y familias sin recursos de quedarse en la calle, un problema que evidentemente salpica a las administraciones teniendo en cuenta la crisis de vivienda que confrontamos. Por otro lado, el que tiene una vivienda y la quiere alquilar no puede entender que no puedas echar a una persona que no paga. Y no hablo precisamente de grandes propietarios sino de casos más sencillos, por ejemplo de un mayor que puede necesitar esa renta para subsistir. De hecho no es difícil encontrar anuncios de alquiler con veto a familias cuando hay menores de por medio. Puede disuadir en algunos casos el alquiler.
Por supuesto que para tener etiqueta de hogar vulnerable se necesita un informe de los Servicios Sociales. Y acreditar problemáticas de desempleo, precariedad laboral, salud o carencias de vivienda. La medida en principio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, cumpliendo de este modo cinco años en vigor, es decir, desde la pandemia. Un escudo social cuando menos controvertido porque, por un lado, impide que se queden en la calle personas que realmente no tienen otra alternativa. Pero por otro, se vuelve injusto cuando hay individuos –que los hay– que se aprovechan de esta situación. Eso por no hablar de que muchos alquileres no tienen contrato lo que hace mucho más difícil aplicar ninguna garantía al ser un acuerdo entre particulares. Hoy mismo una mujer con sus hijos va a ser desahuciada de una vivienda en Burlada.