Ruido de adelanto electoral

Es ya un clásico comprobar cómo el Gobierno de coalición en Madrid entre el PSOE y Sumar tiene una capacidad ilimitada para convertir cualquier buena decisión o todo avance social en un desastre político y comunicativo. A trancas y barrancas, el Gobierno aprueba subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.184 euros, que tampoco es para lanzar cohetes, más aún para territorios como Navarra con un coste de vida muy superior a otras comunidades, y pese a la oposición de la patronal CEOE –también difícil de entender a estas alturas del siglo XXI–, y la decisión acaba en una nueva crisis política en el seno del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta Montero y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (del PSOE), anuncia que el nuevo SMI no estará exento de pagar el IRPF, al parecer sin haberlo planteado en el Gobierno. La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (de Sumar) carga contra esa decisión y avanza la presentación en el Congreso de una proposición de ley para que se actualice como en otras ocasiones la exención del IRPF al SMI. Luego ya vinieron los y tú más habituales. No es nuevo este ejercicio de la política con los intereses generales reconvertido una batalla pública por cuitas de intereses particulares. Parece que hubiera sido fácil y lógico haber expuesto sobre la mesa donde se celebran los consejos de ministros las diferencias y haber buscado una posición consensuada antes de personificar semejante teatro del absurdo de nuevo en público.

Más aún cuando ni siquiera la aprobación de esa subida del salario mínimo está garantizada, porque Junts ya ha advertido que todavía no tiene sus votos. A estas alturas ya es evidente que la geometría aritmética de la investidura es complicada de mantener con la normalidad que exige la estabilidad del Gobierno, pero otra cosa es que la inestabilidad nazca también constantemente desde los dos partidos que conforman la coalición. Es cierto que ocurrió la anterior Legislatura entre el PSOE y Podemos y que ahora Sumar está en un momento difícil con unas encuestas que le señalan en caída constante. Pero si ya se ha demostrado complejo mantener la mayoría de investidura decreto a decreto y ley a ley –los Presupuestos siguen otro año en el aire–, si ni siquiera quienes comparten sesión de gobierno y debaten cada semana en privado sus decisiones son capaces de trasladar el valor y la importancia de las mismas de una forma común, mal futuro.

Los tambores de adelanto electoral suenan cada vez con más ruido. Eso sí, no será porque la apuesta golpista del PP y Vox, política, mediática y judicial, avance ni social ni jurídicamente, sino por la torpeza o ineptitud no sé, de quienes son responsables de llevar a buen puerto los compromisos programáticos de la coalición y con los socios políticos que le apoyan en el Congreso. Los gobiernos de coalición son difíciles, pero posibles y efectivos. Navarra lleva tres consecutivos, no exentos de tensiones inevitables, pero han funcionado y funcionan con buenos resultados para la sociedad navarra. Coser bien las confianzas y las honestidades mutuas, internamente en el Gobierno y en los apoyos externos por encima de los intereses electorales partidistas, es la mejor base. Porque las fórmulas de coalición actuales en el Estado y en Navarra no son las únicas posibles. Y las alternativas, al menos a día de hoy, no pintan a mejor.