Un juez ha rechazado secuestrar el libro sobre el crimen de José Bretón, condenado por asesinar y quemar los cuerpos de sus dos hijos como venganza hacia su exesposa, en un caso de violencia vicaria. El recurso de la madre sigue apoyado por la Fiscalía, que recurrirá la decisión, y augura un largo pulso judicial y mediático en torno al caso. Evitar la revictimización es un aspecto principal de ese debate, pero no el único, y exige una aproximación poliédrica para no cerrar en falso una herida que puede reabrirse en el futuro.

En primer lugar, el marco del Derecho ampara la libertad de publicación de obra literaria y la apelación a la libertad de expresión está en la postura del autor y la editorial. Aplicar censura sin un razonamiento exquisito y suficientemente incontestable iría en detrimento de principios democráticos básicos. Pero igualmente negativa sería una decisión no basada en un conocimiento concreto de la materia. El caso tiene otras variables y no es la menor la protección de la víctima, en este caso la madre, desplazada a sujeto pasivo y con la que no se ha contado en la elaboración de la obra. La mejor intención puede arrastrar a efectos indeseados.

En ese sentido, la voluntad legítima del autor de aproximarse y profundizar en la perspectiva del asesino para tratar de entender su proceso personal –ético, mental y conductual– no es criticable por sí misma. Aunque, de lo poco sabido sobre la obra, no se puede deducir que haya en ella una base técnica de psicología o psiquiatría que ampare esa intención. De hecho, la falta de conocimiento directo del contenido es un argumento del juez a la hora de negarse a secuestrar la publicación. Quizá, por tanto, debería haberse dispuesto del mismo como prueba pericial antes de decidir.

En paralelo, la literatura sobre crímenes reales es una línea de negocio mercantil. Éticamente, podría ser marco de otro debate la instrumentalización de hechos luctuosos en favor de un beneficio económico y dónde están sus límites. Incluso determinar si conlleva para el autor la responsabilidad de evitar que la elaboración de su obra le convierta en cómplice de una revictimización. Aunque la impresión de que ninguno de estos aspectos ha pesado en la decisión del juez es dolorosa y, ponderando el bien colectivo de la libertad de expresión, deberían ocupar su espacio en ella.