Un total de 323 viviendas protegidas cambiaron de manos, es decir, se vendieron entre particulares el año pasado en toda Navarra. Operaciones que el titular tiene la obligación de comunicar al Gobierno foral que tiene preferencia para comprarlas primero, si tiene dinero claro. Apenas 15 de ellas fueron interceptadas por Vivienda, que las destina al Fondo Foral de Vivienda Social para gente de alta vulnerabilidad.

Este año ya llevamos 19 porque hay algo más presupuesto pero también por “indicios” de sobreprecio en la venta, señaló ayer la consejera. Entiendo por tanto que hay gente que trata de hacer negocio con las VPO. Escrituran al precio tasado por ley (varía si la VPO es nueva o usada) pero pagan en B otra cantidad. Algunos son tan torpes que, a la hora de vender, las publicitan en portales inmobiliarios como cualquier otra vivienda.

Y eso que el comprador no hace falta que sea pobre de solemnidad para hacerse con una VPO. No puede tener vivienda a su nombre pero tiene la ventaja de que sus ingresos familiares pueden alcanzar hasta los 68.000 euros, 93.000 si es una pareja... topes bastante generosos si hablamos de accesibilidad.

No hay que olvidar que desde julio de 2022 las VPO y VPT que se compran no pueden venderse nunca como libres. Pero todavía quedan unas 20.000 viviendas protegidas que se hicieron con dinero público y están por salir al mercado –la jungla– ya que la protección indefinida no tiene efecto retroactivo (antes de 2004 tenían una vigencia de 20 años, y en 2004 se aumentó a 30). Y esas ya no podrán recuperarse.