Se hace uno el propósito de no ser un descreído de la Justicia y acaba, noventa y nueve de cada cien veces, dándose de cabezazos contra la pared. O, en el caso que nos ocupa, contra el Tribunal Supremo, el de Llarena, Marchena y demás santos apóstoles togados de la uniformidad rojigualda. Al muy probable grito de “¡Santiago (Abascal) y cierra España!”, sus altísimas señorías con puñetas se han cascado una micción —también le llaman auto— sobre la ley vasca (¡vade retro, Satanás!) que determina, no por capricho sino en función de la purita realidad lingüística, en qué idioma deben relacionarse las entidades locales con sus administrados. Si nos pusiéramos tiquismiquis, hasta se podría decir que se trataba de una norma tibia que, en aras de no embarrar más el campo, establecía una arquitectura comunicativa institucional que no pudiera resultar lesiva para las personas que solo se manejan en castellano. Pues ni por esas. Todavía a estas alturas del tercer milenio, en amplísimas instancias políticas, sindicales y, por descontado, judiciales, impera (verbo que deriva del sustantivo Imperio) el rupestre “háblame en cristiano”. Y eso es lo que, disfrazado de tan patéticos como dolorosos portantoencuantos y citas forzadas de la legislación hecha a medida por el unionismo hispanistaní, se recoge en la sentencia del (ja, ja, ja) alto tribunal que fumiga una ley soberana promulgada por una mayoría requetecualificada de las fuerzas representadas en el Parlamento Vasco. Por si cupiera el menor lugar a la duda razonada o razonable, la decisión de los aguerridos supremos da carta de naturaleza al recurso presentado por Vox. La lectura es demencial. Una fuerza que es una excrecencia en los tres territorios de la demarcación autonómica, con representación parlamentaria solo por nuestra no resuelta anomalía electoral del 25-25-25, es la que detenta, en última instancia, la política lingüística de nuestro país. Si no nos rebelamos, será nuestra culpa.