La contratación pública tiene que ser impecable. E implacable. Normativa precisa y exigente, sin ninguna discrecionalidad técnica, jurídica o política. Lo que la presidenta Chivite llama “resquicios”. La adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate -exigencia europea- no fue impecable. La Cámara de Comptos detectó “irregularidades” al no haberse garantizado con suficiencia los principios de “igualdad de trato y transparencia”.
Lo fiscalizado se refiere al proceso de tramitación administrativa del contrato hasta su adjudicación. La correspondiente a las obras está en proceso. Su presidente enfatizó en el Parlamento que esas irregularidades no deberían haberse dado “en una obra tan importante”. Ni en ninguna. Se adjudicó en 62,88 (76.09 con IVA) millones de euros (20% a la baja sobre el importe de salida) el 26 de diciembre de 2023 y el contrato se formalizó el 25 de enero de 2024. Los “imprevistos” lo elevarán en 8,5 millones.
La Mesa de Contratación registró votos de reparo por parte de sus tres miembros jurídicos. Comptos echó de menos “unos buenos pliegos, con unos buenos criterios, con un buen procedimiento de votación…” Carencias muy sensibles. La obra fue adjudicada a la UTE formada por la potente Acciona Construcción, Servinabar 2000 y la especializada Excavaciones Fermín Osés.
A nadie pareció llamar la atención la inclusión de Servinabar, una empresa de chichinabo, hasta que se divulgó la relación personal y societaria de su propietario, Antxon Alonso, con el encarcelado dirigente socialista Santos Cerdán. Más parece tratarse de una empresa facilitadora de contratos con la Administración. Resquicios para contactos, favores con retorno, corruptelas y corrupciones. Los Chivite, el tío Óscar (consejero de Cohesión Territorial) y la sobrina María (presidenta), se escudan en que “irregularidades” no son “ilegalidades”. No sé qué es peor: la ilegalidad delinque; la irregularidad suele colar. Hay nervios.
