La apertura del año judicial no debería quedar reducida a un mero acto protocolario. La participación en el mismo de los principales pilares del Poder Judicial es una oportunidad para proyectar ante la ciudadanía la trascendencia del ejercicio de este Poder del Estado en democracia. Lamentablemente, en la instrumentalización de los espacios públicos que es tendencia en la política española, la cita de este viernes volvió a brindar un desencuentro impropio de la debida adhesión al equilibrio de poderes. La presencia del Fiscal General del Estado puede ser inoportuna por su situación procesal, pero en tanto conserva todas sus funciones, es legítima. Someter todo lo que rodea a la apertura del curso al interés de crear un ambiente irrespirable en la política es una falta de respeto que ha hecho presa en la vida pública.

La ausencia de Feijóo, alardeada por el PP priorizando un acto partidista, están en esa línea. En los mensajes de este viernes, había contenido de calado y materia de trabajo para la Fiscalía, la Magistratura y su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, las alertas sobre fenómenos que impactan en la sociedad –como la violencia machista, la gestión de la inmigración y los derechos de los menores, la violencia juvenil y hasta los incendios forestales– se vieron solapadas por el pulso en torno a la figura de Álvaro García Ortiz, del que él mismo no supo escapar al reivindicar su presencia, su papel y su derecho en un discurso que debió buscar otro enfoque.

La ciudadanía asiste con desafecto a estos debates y con alarma a los hechos citados en el informe de la Fiscalía, mientras los responsables políticos e institucionales juegan a la descalificación o a la autoafirmación. La intervención de la presidenta del CGPJ también pecó de distancia y escasa empatía con esas preocupaciones al enfocar su discurso a la justificación del proceder del poder que representa, la defensa de su independencia y la demanda de respeto al resto de poderes. Argumentos todos muy razonables si no se exclusivizan y se aplican en equilibrio con el resto de poderes democráticos. Para que no exista lawfare no basta con exigir que no se denuncie y el órgano de gobierno de los jueces podría ser proactivo si no sufriera en sus entrañas la misma polarización ideológica ajena a la independencia judicial que reclama.