Una de las cuestiones del verano ha sido y sigue siendo el Caso Cerdán y sus ramificaciones tanto a nivel nacional como foral, un asunto que la semana pasada tuvo su atención centrada en los informes que emitió la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que apuntó numerosas deficiencias e irregularidades en diversas obras públicas de hace un tiempo analizadas pero que no acreditó “daño para la Hacienda Foral en las adjudicaciones o conflicto de intereses”. El caso es que sí afeaba y mostraba errores administrativos, errores que los distintos encargados de las obras señalados en los diversos departamentos y sociedad públicas salieron a negar, puntualizar y/o minimizar, mientras que los partidos políticos analizaban la jugada según les fuera bien, mal o regular lo dicho por el OANA.
Más allá de todo ello, más allá de que tanto a nivel nacional como local queda recorrido para analizar y me imagino que judicializar unas cuantas cosas, al ciudadano de a pie, que no conoce la complejísima burocracia administrativa que se pone sobre la mesa en cada adjudicación o proceso ni mucho menos conoce las variantes que pueden darse en esta clase de situaciones, lo que le queda es la sensación de estar ante una nada desdeñable cantidad de niebla que no hace sino impedir enterarse de quién ha hecho qué, si está bien, mal o mediano, si hay alguna responsabilidad en eso o no lo hay, si hay quien ha sacado tajada o no y una serie de dudas y desconocimientos a los que no ayuda el hecho de que también el periodismo esté a muchos niveles decantado hacia unos lugares u otros, con lo que de un mismo texto emanan interpretaciones sino contrapuestas sí diferentes y con muchos matices. Al final, el tiempo y las investigaciones que ya hayan surgido o tengan que surgir serán las que aclaren algo el panorama y quizá podamos enterarnos de algo de este embrollo.
