El supuesto síndrome posaborto no es una enfermedad, sino una herramienta ideológica que busca el estigma y la revictimización. Con cerca de 100.000 abortos anuales en España, la ciencia es clara: la vasta mayoría de las mujeres no sufren problemas de salud mental a largo plazo mayores que los derivados de cualquier otra crisis vital, incluido el parto. La angustia se asocia al estigma social y a la dificultad para tomar la decisión, no al procedimiento médico.
La invención de este síndrome sin evidencia es una maniobra política que intenta limitar los derechos a la salud reproductiva de las gestantes. Una estrategia que hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid, donde la ultraderecha quiere difundir información sesgada sobre el tema como condición previa, algo increíble en el caso de una opción terapéutica legal. No muy diferente de los rezos chillones o las manifestaciones delante de los centros e igualmente oprobioso y vergonzante. Algo que bajo la apariencia de “ayuda a la mujer embarazada” se ve por estas tierras con charlas de ciertas asociaciones que en el fondo solamente quieren presionar psicológicamente. Su discurso siembra la culpa y el miedo, presentando el aborto como un trauma oculto que requiere terapia.
Esto es coacción moral disfrazada de piedad, lejos de garantizar la salud sexual y la autonomía de la persona. La realidad es que el aborto es una decisión que afecta principalmente a personas en vulnerabilidad socioeconómica o con cargas familiares importantes, según datos del Ministerio de Sanidad. Necesitan apoyo económico real, no panfletos moralizantes. El “engaño posaborto” se convierte en la coartada perfecta para la irresponsabilidad social: es una maniobra cínica que ignora la evidencia científica para perpetuar la vergüenza y el control sobre los cuerpos.