El PP vuelve a mostrar fisuras en un asunto delicado para su ideología: el derecho al aborto. Pese a la insistente voluntad de presentarse como un partido moderado, centrado y modernizado, las tensiones internas y sus ambigüedades discursivas en torno a esta cuestión revelan una postura incoherente para quienes aspiran a acceder al Gobierno. El principal partido de la oposición no llega a exponer una idea clara y un discurso consolidado.

En su lugar, acostumbra a despacharse con el ya habitual tópico de la “libertad de conciencia” de los profesionales, que si bien es legítimo, no puede anteponerse al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y recibir atención sanitaria garantizada por la ley. La incongruencia es aún más ruidosa cuando se observa que algunos líderes autonómicos del PP han intentado distanciarse de estas decisiones, asegurando que en sus comunidades no habrá retroceso en derechos. No es, sin embargo, lo que sostienen sus principales líderes en la Comunidad de Madrid.

Por un lado, el alcalde, Martínez Almeida, apoya una moción de Vox que cita un supuesto síndrome posaborto cuyas secuelas irían de la depresión a las autolesiones, pasando por el alcoholismo. Por el otro, la presidenta, Díaz Ayuso, se rebela contra la obligación de elaborar un registro de objetores. Esto lleva a preguntarse si el PP es un partido federal en lo ideológico o, simplemente, rehuye el coste político de su postura conservadora en determinadas regiones.

No es la primera vez que el PP se enreda en este asunto. Ya en 2014, el intento de reforma regresiva impulsada por el Ruiz Gallardón provocó una profunda crisis interna, la movilización masiva de mujeres y, finalmente, la retirada del proyecto. El episodio dejó claro que la sociedad no está dispuesta a aceptar retrocesos en derechos fundamentales.

Pero una década después, el PP sigue sin una posición definida y cercana al sentir mayoritario de la ciudadanía, que defiende el derecho al aborto como una conquista social que debe ser protegida, no amenazada con discursos ambiguos ni objeciones encubiertas. Mientras el PP no aparque la ambigüedad, estará enviando un mensaje inquietante: que los derechos de las mujeres son moneda de cambio en sus equilibrios internos. Y eso no es compatible ni con el constitucionalismo que proclaman ni con la modernidad que dicen representar.