La histórica sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que condena al Estado español por una “mala praxis” policial y judicial que dejó impune una doble violación con presunta sumisión química en diciembre de 2016 en Pamplona desvela una trama de irregularidades, en algunos hechos de probable índole delictiva, que evitaron que dos mujeres navarras pudieran acceder a una justicia garantista por la agresión sexual sufrida.
Un cúmulo de defectos, chapuzas e intervenciones de destrucción de pruebas inaceptables en el proceso de la investigación policial en Pamplona, al que siguió una instrucción judicial igualmente ineficiente, dejó anulados de hecho los derechos de reparación y el castigo de los autores. Un relato expuesto lo largo de este tiempo de forma excelente en DIARIO DE NOTICIAS por Enrique Conde, en otro ejemplo del periodismo de tribunales, un mundo tan duro como complejo y muchas veces frustrante por todo lo que contienen las bambalinas de los tribunales.
Un desastre de gestión policial y judicial en Navarra, en el que estuvieron implicados dos acusados que finalmente pudieron salir impunes, en el que la desaparición y manipulación de pruebas en la misma comisaría, la aparición de un agente del grupo investigador, cuñado de uno de los dos acusados –fue juzgado y absuelto–, la desaparición de los informes en un evidente fallo de custodia o el vaciado de los teléfonos de los acusados... entre otros informes periciales que la propia investigación policial aportaba como pruebas, conforman un panorama desolador y sospechoso. No hubo responsable alguno por todo ello.
En el escenario también estuvo presente un Policía Foral, amigo de los acusados y con los que compartía un chat de WhatsApp en el que el tono violento y machista de los comentarios es asqueroso, insoportable y de tendencia delictiva.
El ámbito judicial tampoco sale mejor parado de este caso. La Fiscalía dejó pasar los hechos pese a los datos que le fue suministrando la defensa de las víctimas e hizo poco para garantizarle su derecho a un juicio justo. En los juzgados, el caso se fue alargando y pasando de un juzgado a otro y poco a poco diluyendo ante la inacción o desinterés de los jueces a quienes les caía la responsabilidad del asunto.
Seguramente, tanto los funcionarios policiales como los de la justicia en Navarra seguirán en sus funciones pese a los indicios de que no solo no protegieron los derechos y la seguridad de dos ciudadanas, sino que los vulneraron, unos, y pese a que el recorrido judicial muestra signos de una inoperancia que dejó igualmente al margen de sus derechos a las víctimas.
La justicia y la policía son dos estructuras del Estado en las que el compañerismo y el corporativismo profesional a veces se antepone a las obligaciones. En ambos casos, hay ocasiones en que ese llamado compañerismo y ese corporativismo profesional o ideológico o simplemente la empatía habitual entre ambas estructuras se anteponen al deber policial, a la justicia garantista y democrática y a su respectiva responsabilidad como garantes de los derechos de los ciudadanos.
Nueve años después, las víctimas se preguntan ahora, ¿y a quién se castiga por esto? La respuesta a esa demanda tiene su propia respuesta en el lenguaje policial y en el judicial. Circulen, aquí no ha pasado nada. No hay más preguntas, señoría.
