Se cumple este miércoles un año de la tragedia de Valencia con las lluvias apocalípticas –700 l/m2 en un día es casi lo que cae en Pamplona en un año– y el paso del tiempo no amortigua ni una micra la sensación de asombro ante la inacción de aquellas horas hasta que ya fue demasiado tarde. Imaginen por un momento que hoy se pone a llover de manera torrencial en las cabeceras del Ulzama y del Arga y que los barrancos y las regatas se saturan a tal punto que el Ulzama en Olabe pasa a llevar 800 m3/s y el Arga en Huarte otros 800. Los picos en los últimos años son de 320 en 2021 en el Ulzama y de 190 en el Arga en Huarte.
Estamos hablando de una avenida de 1.600 m3/s, el triple que lo que pasó por Burlada y Pamplona en diciembre de 2021. Un tsunami como este y mayor fue el que a las 18.43 avisó la Confederación Hidrográfica del Júcar al Centro de Emergencias que estaba llevando la Rambla del Poyo a su paso por el medidor. El aviso a los móviles de la población llegó a las 20.11. 88 minutos más tarde. Es obvio que el tsunami en el Poyo se produjo de manera rápida y violenta –a las 5 de la tarde el caudal eran 72m3/s, a las 18.25 era 1.687– y que el margen fue pequeño, pero no es menos cierto que esos datos estaban en la red para todo aquel que los quisiera ver y que durante muchos minutos en el Centro de Emergencias o no se vio aquello o no se actuó, al margen, por supuesto, de saber en qué andaba ocupado la máxima autoridad, el tal Mazón.
Lo que sí resulta obvio es que, aunque será la justicia quien dirima responsabilidades, una mejor observación y una mayor celeridad en las decisiones habrían salvado vidas. ¿Cuántas? Nunca lo sabremos, pero es de suponer que bastantes, las suficientes como para confiar en que allá y en todas partes se hayan mejorado los protocolos de prevención, recogida de datos, información y aviso a las poblaciones cuando suceden hechos extraordinarios.
