El Estado español ha iniciado una regularización extraordinaria de inmigrantes que permitirá conceder permisos de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país. El objetivo: sacar de la irregularidad a miles de trabajadores que hoy sostienen sectores clave de la economía sin derechos ni protección legal. La medida es, en ese sentido, razonable. La inmigración no es un fenómeno coyuntural sino una realidad estructural.
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La agricultura, los cuidados o la hostelería dependen desde hace años de mano de obra extranjera. Regularizar es por tanto una decisión práctica. Pero el problema no está tanto en el fondo como en la forma. La medida llega por real decreto, tras el bloqueo de la vía parlamentaria abierta en 2024. No nace, por tanto, de una ley debatida y pactada, sino de una decisión del Ejecutivo. Vox ha anunciado un recurso ante el Supremo y el PP ha adelantado que se alineará con esa ofensiva.
Pero el principal déficit no está solo en la oposición. Una decisión de este calado debería nacer, como mínimo, de un consenso sólido entre los propios socios de gobierno y de una base parlamentaria amplia que garantice su estabilidad en el tiempo. Máxime en un contexto en el que la mayoría de los países endurecen expulsiones, restringen el asilo y limitan las regularizaciones: mano dura impulsada por el avance de la extrema derecha y por gobiernos que han asumido parte de su discurso.
Ante este escenario, regularizar es una política valiente pero sin consenso puede convertirse en una política frágil. Hoy se abre una puerta para miles de personas que viven en la clandestinidad pero su estabilidad dependerá de si logra sostenerse cuando cambien las mayorías.