El mercadeo con las pensiones se ha convertido en los últimos años en una práctica que debería ser erradicada por ley. No es de recibo que millones de perceptores de un derecho estén en vilo por decisiones políticas que con frecuencia dependen de cuestiones estratégicas que poco o nada tienen que ver con lo que está en juego. Y lo que está en juego es ni más ni menos que uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar.
Desde que nos incorporamos al mercado laboral, sabemos que en todas las nóminas cobramos menos de lo que ganamos porque un porcentaje está destinado a financiar las prestaciones de los actuales perceptores desde el inquebrantable compromiso de que las generaciones que vienen por detrás son las que sostienen el sistema. También sabemos que el valor de nuestra pensión responde a equitativas fórmulas matemáticas que tienen en cuenta tanto los años aportados a la caja común como su cuantía. Si a partir del momento de la jubilación, no revalorizar su importe conforme al incremento de los precios es sencillamente una estafa.
Es hora ya de que la clase política acuerde una ley que garantice que las pensiones presentes y futuras van a mantener su poder adquisitivo, aunque ello conlleve mayores aportaciones al sistema durante la vida laboral para garantizar su sostenibilidad. Es verdad que en esta última negociación en ningún momento se ha percibido el riesgo de que las pensiones no iban a consolidar la subida del 2,7% anunciada por el Gobierno y ya aplicada en el mes de enero, porque la práctica totalidad de los partidos del arco parlamentario está de acuerdo con ello, pero no se puede estar todos los años con la misma incertidumbre.