Tras el enésimo episodio de ruido político en torno a la actividad legislativa del Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por dar marcha atrás al presentar independientemente la subida de las pensiones y no en un decreto conjunto con otras medidas que lo convertían en cajón de sastre.
Más allá de la pugna instrumental que mantienen los primeros partidos del Estado –PSOE y PP– con cada iniciativa en la que escenificar el desgaste del rival, de la experiencia sale un valioso acuerdo negociado por el PNV, que amplía la cobertura a los propietarios que solo disponen de una vivienda alquilada y sufren impagos.
La medida aporta una respuesta equilibrada que estaba ausente del decreto original de prórroga del ‘escudo social’ a los alquilados vulnerables y que permite seguir protegiendo a quienes necesitan techo como a quienes, sin ser grandes tenedores, dependen de esa renta para sostener su economía familiar.
Es un paso sensato en una materia donde la demagogia volvió ayer a pesar más que la justicia. Se reprodujeron los mensajes que pretenden revivir una visión de la sociedad dividida en clases de perfil decimonónico. No es cierta la existencia de una clase homogénea de propietarios explotadores ni un colectivo único de inquilinos vulnerables; hay realidades diversas que exigen políticas finas, no consignas.
En este punto, la teatralidad de Podemos y su pose de confrontación social es un ejercicio estéril: en política social, la eficacia se mide en las mejoras en la vida de la ciudadanía, no en titulares. También el PSOE haría bien en asumir que buena parte del bloqueo previo fue resultado de su propia estrategia.
Si la semana pasada hubiera presentado un conjunto coherente y articulado de decretos, previamente negociados con sus socios, y no el batiburrillo de medidas sin encaje técnico ni político, quizá no habría sido más sencillo, pero sin duda sí más claro. Nada justifica ya que la actualización de las pensiones no salga adelante.
El Partido Popular debería resistir ahora la tentación de convertir el escudo social en su próximo campo de maniobra. Obstaculizar un paquete de medidas necesarias solo por cálculo partidista sería poco responsable. Con la modificación propiciada por la intervención del PNV, el listón de la utilidad pública está claro: se debe corregir, negociar y mejorar, pero no bloquear. l
