Hay decisiones políticas erróneas; otras son negligentes. Algunas cruzan una línea moral más grave. La reciente revocación en Estados Unidos de la endangerment finding –la determinación científica que permitía regular los gases de efecto invernadero– pertenece a esta última categoría: es un crimen contra la humanidad, aunque no haya tribunal dispuesto a juzgarlo. Conviene recordar qué era ese mecanismo: en 2009, el organismo ambiental estadounidense asumió que si la ciencia demuestra que una actividad pone en peligro la salud y el bienestar de la población la ley debe adaptarse para prevenir el daño. No hacía falta ideología, solo evidencia. Y en el tema del cambio climático esta es abrumadora. Derogar esa base legal no cambia la física ni la química de la atmósfera pero permite eximir de responsabilidad política y supone una renuncia explícita a proteger vidas presentes y futuras. Que EE UU lleve tiempo marcando distancias con el marco jurídico internacional no ayuda: se institucionaliza el negacionismo global.
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El fracaso no es de la ciencia, sino de la economía y la política. Las leyes y los compromisos existían, pero ha desaparecido la voluntad de enfrentarse a intereses que consideran aceptable un daño masivo si el balance trimestral sale bien. Las grandes empresas lo dicen ya sin pudor: no cumplirán sus promesas climáticas. Desde España miramos a menudo estas noticias como si ocurrieran en otro planeta. Declaramos la emergencia climática, pero adaptación y decrecimiento siguen sonando a rareza académica. Se anuncian planes energéticos poco realistas mientras los impactos ya están aquí. No es hipocresía: es algo peor. Es la normalización del incumplimiento cuando el riesgo es conocido. La historia estadounidense no es una anomalía lejana. Es un espejo. Y no devuelve una imagen tranquilizadora.