Dos días después de la histórica victoria de Osasuna ante el Real Madrid, el éxito deportivo ha quedado parcialmente eclipsado por los incidentes ocurridos tras el final del partido. Con buen criterio, el club tiene la firme voluntad de abrir una investigación que aclare unos hechos que nunca debieron producirse.
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La versión aceptada por todos los implicados es que el origen de los enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional y aficionados reside en el intento de identificación del espectador que lanzó, en la primera parte, un botellín de agua vacío en las cercanías de la portería que ocupaba Courtois.
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Una acción fuera de lugar y que está prohibida, pero que ni perturbó el desarrollo del espectáculo ni puso en peligro la integridad de ninguno de sus protagonistas. A partir de ahí, los responsables de la seguridad del estadio saben —o deberían saber— que cualquier actuación para identificar al autor de la infracción debe guardar la proporcionalidad y evitar siempre que el remedio sea peor que la enfermedad. A la vista de los hechos, esto no fue así.
Decenas de aficionados totalmente ajenos al problema se vieron atrapados en medio de una carga policial que parece desproporcionada —no olvidemos que se trataba de localizar a quien había arrojado un botellín de agua— y negligente. No hay más que observar los vídeos que han circulado en las redes sobre la violencia desatada en Graderío Sur.
Osasuna convoca una junta directiva extraordinaria para tratar las cargas policiales
No se detuvo ahí la actuación de la Policía, que minutos después sorprendió a centenares de aficionados en los exteriores del otro extremo del estadio, con una nueva carga que causó una avalancha con caídas de niños incluidas y un susto mayúsculo. Alguien debería dar explicaciones de todo esto más allá del preocupante apoyo de los sindicatos de la policía a la actuación de sus compañeros.