El Gobierno de Sánchez ha condenado el asesinato de cinco trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976. Bien, pero solo faltaba que 50 años después un Gobierno del PSOE y Sumar también hubiera seguido mirando para otro lado, como han hecho todos los gobiernos del PSOE y PP estas cinco décadas. No entiendo la negativa a asumir la responsabilidad del Estado, aunque fuera del Estado franquista en esos hechos, ni el escaqueo de esta democracia a desclasificar los documentos sobre lo ocurrido allí. Responsabilidad no es culpabilidad para el actual Gobierno, pero los agentes de la entonces Policía Armada que cometieron aquella barbarie estaban al servicio y bajo el control del mismo que Estado que ahora.

Esos crímenes, como los asesinatos en Montejurra en 1976, de los jóvenes Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, dos militantes carlistas antifranquistas de Estella y Santander, respectivamente, que fueron asesinados por terroristas de derechas el 9 de mayo de 1976 o los hechos de Sanfermines 78, siguen impunes y sin que ningún responsable político haya pagado. Se ha hecho costumbre que los prebostes políticos del pasado publiquen textos en defensa de aquellos personajes significativos de ese mismo pasado ahora señalados por la justicia. Primero, fue en defensa del huido Juan Carlos de Borbón y también lo ha sido con el exministro franquista Martín Villa.

La utilización de la violencia policial, parapolicial y de extrema derecha con el objetivo de generar inestabilidad social y agitar el ruido de sables militares, fue un elemento imprescindible para controlar el resultado de la llamada Transición. Esas acciones y otras muchas más dejaron 2.663 víctimas entre muertos y heridos, la mayoría de ellas olvidadas. Hay 12 muertes que aún persiguen judicialmente a Martín Villa, ministro de Interior, y a Fraga como ministro de Gobernación, ambos con altas responsabilidades en los gobiernos bajo cuyo mando se cometieron esos asesinatos.

La impostura del propio sistema democrático mirando siempre a otro lado ante los crímenes de Estado, el reverencial trato de políticos y medios aún hoy a los personajes responsables políticamente reflejan el alto precio de los olvidos que pagó la democracia al franquismo. En esa España suya, la sombra del pasado negro que trata de ocultar la memoria histórica es aún hoy muy alargada. “El futuro no se puede construir a cualquier precio”.

La frase de Lluis Llach recuerda el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una jornada de lucha laboral en la que los trabajadores reclamaban, en una asamblea en la iglesia de San Francisco, una subida de 6.000 pesetas. El día finalizó con cinco personas asesinadas por disparos de la Policía. La memoria de unos hechos no resueltos ni jurídica ni políticamente 30 años después. Antes o después, algún día, sabremos la verdad.