Un enfermo de ELA de Olite, Carlos Ardanaz, eligió morir vía los procedimientos legales establecidos para no hacer padecer más a su familia la agonía mental, económica y física que suponía cuidarle en las últimas fases de su enfermedad. Ardanaz, que hace seis meses compareció en el Parlamento junto a su esposa para denunciar la falta de aplicación de las ayudas contenidas en la Ley ELA –aprobada en 2024–, achacó al Gobierno de Navarra su decisión: “Gracias a vuestros hechos –o mejor dicho, a vuestros no hechos– he tomado mi decisión. He decidido morir”.
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Esta misma semana, 24 horas antes de la muerte de Ardanaz, se leía en prensa que Navarra había finalizado la redacción de la Orden Foral necesaria para poder implementar la Ley ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, y que permitirá que enfermos de ELA puedan recibir ayudas económicas de hasta 9.589 euros mensuales para el cuidado en domicilio a través de la contratación de un cuidador o cuidadora profesional y/o una empresa de servicios. Con una ayuda mínima de unos 3.000 euros mensuales financiada a medias entre Navarra y Madrid, las ayudas se iban a poder tramitar en breve una vez que se publicara la Orden Foral en el BON. Para Carlos Ardanaz, llega tarde.
Para su familia, también. Hay 20 personas más que se podrían beneficiar de esta medida, pero confiemos en que nadie tenga que tomar ya la decisión que tuvo que tomar Ardanaz, una decisión que sólo él sabe qué tuvo que padecer hasta llegar a tomarla. No es objeto de esta columna echar sal en la herida de los funcionarios que seguramente habrían querido acelerar esto al máximo desde el minuto 1, porque estoy seguro que cargarán con su propia pena. Lo que no es de recibo es que políticamente estas cuestiones básicas de la vida no se impulsen como prioritarias en cuanto se aprueban. Hierve la sangre.