"Hay que cerrar la puerta a las ensoñaciones independentistas”, dice Unión del Pueblo Navarro al pedir suprimir la Transitoria Cuarta. Y en esa idea hay algo más que una posición: hay un cambio en la forma de mirar Navarra. Como si la voluntad de los navarros y navarras, expresada libre y democráticamente, pudiera convertirse en algo sospechoso. Sin entender que lo que decida la mayoría –sea lo que sea o no llegue nunca– es, por definición, legítimo.
En 1978, con más incertidumbre que hoy, se optó precisamente por asumir ese principio. Incluso quienes defendían una Navarra diferenciada, como Jaime Ignacio del Burgo o Jesús Aizpún, aceptaron la disposición de la Constitución Española de 1978 porque garantizaba algo esencial: que solo los navarros decidirían. Los redactores de la Carta Magna lo dejaron claro: ni imponer ni impedir, solo permitir decidir. Y hacerlo mediante voto. Ese era el equilibrio: una puerta abierta, con la llave en manos de la ciudadanía.
¿La transitoria cuarta? ¿De verdad?
Hoy el enfoque parece otro. Hay quienes no discuten decisiones concretas, sino si conviene que ciertas decisiones puedan siquiera plantearse. De la confianza se ha pasado a la prevención. Pero una democracia sólida no se mide por las puertas que cierra, sino por la tranquilidad con la que mantiene abiertas las que existen. Si se confía en la sociedad navarra, esa posibilidad no debería generar inquietud: bastaría con que, llegado el caso, se votara. Cerrar la puerta no resuelve el debate de fondo. Mantenerla abierta tampoco obliga a cruzarla. Solo preserva algo básico: la capacidad de decidir sin anticipar el resultado.