Este lunes arranca el juicio por la denominada Operación Kitchen, el operativo que puso en marcha el Ministerio de Interior de Jorge Fernández durante el Gobierno de Rajoy para destruir pruebas que pudieran implicar al PP en las investigaciones por los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal de este partido y el cobro de sobresueldos de sus principales dirigentes. Se espió a su familia y se asaltó al menos uno de sus domicilios cuando Bárcenas ya estaba en prisión. Unos hechos que se remontan a 2013.

Tras una instrucción judicial que se prolongó dos años y que dejó señales como poco de condescendencia judicial con Rajoy –fue imposible saber a quién correspondían las anotaciones de un tal M.Rajoy en los papeles de Bárcenas que daban cuenta del reparto de sobresueldos–, y con la entonces secretaria general Dolores de Cospedal, finalmente ambos deberán comparecer ahora como testigos. Junto a Fernández se sentarán en el banquillo de los acusados su número dos, Francisco Martínez, y los miembros de la cúpula policial responsables de organizar y dirigir aquella denominada policía patriótica, un grupo de policías desviados al espionaje y a chapotear al margen de la ley con el despilfarro de recursos públicos. No sólo están implicados en este caso, también han sido señalados por informaciones y por la justicia en las derivadas de Kitchen como la Operación Catalunya para perseguir y fabricar pruebas falsas contra dirigentes catalanistas y posteriormente contra Podemos.

En realidad, la policía política de Fernández Díaz fue un ejemplo de la existencia de tramas mafiosas y secretas que utilizan el poder político, la complicidad periodística y los recursos contra los adversarios o para entorpecer la actuación de la justicia. Se espió a compañeros de partido, a miembros de otros partidos, a banqueros, a dirigentes políticos, a jueces y fiscales, a la Casa Real y a Juan Carlos de Borbón, a empresarios... Además, entre los espiados también se espiaban unos a otros. Y todo ello , con el ex comisario Villarejo y sus grabaciones como invitado estelar y paradigma del mundo de las cloacas que se movían en las bambalinas del Estado oscuro organizado por el PP. Kitchen no es un caso de corrupción más, sino unos hechos de una gravedad extrema porque afecta a los aparatos del Estado, se salta las leyes, se carga la separación de poderes y socava los cimientos de la credibilidad democrática. No sé cual será el devenir del juicio, pero confío, aunque parezca una pardillada, que este final no repita esa tradición que se ha aplicado hasta ahora en numerosos casos de corrupción, fraude fiscal y otros delitos de corrupción vinculados a la política y el poder dejándolos en agua de borrajas. Son síntomas de la gravedad de esa España en la que la mentira, la corrupción, el autoritarismo y la involución antidemocrática han campado y siguen campando desde las sombras a sus anchas sin coste alguno.